El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves un gasto de 1.918.575 euros para la creación de bancos de libros de texto en los centros educativos públicos durante el próximo curso. En total, la partida para la adquisición de libros y material didáctico asciende a 2,4 millones, igual que el año pasado, dado que a los fondos aprobados hoy se suman más de 400.000 euros para ayudas individuales al alumnado de los colegios concertados.
El Gobierno autonómico recuerda que en el curso 2015-2016 se implantó este doble sistema de gestión de las subvenciones que, por una parte, permite a los centros públicos crear fondos bibliográficos propios y, por otra, mantiene las ayudas individuales para estudiantes matriculados en los concertados. Esta diferencia responde a limitaciones legales, puesto que el régimen jurídico de la enseñanza privada no permite al Principado realizar un trasvase de fondos más allá de los previstos en el concierto educativo, a diferencia de lo que ocurre en la red pública.
La cantidad destinada a las ayudas para la compra de libros aumentó el año pasado un 20%, hasta situarse en los 2,4 millones -la misma cantidad que se mantendrá para el próximo curso- y los fondos permitieron prestar apoyo a 18.200 alumnos de centros públicos.
El sistema de ayudas directas a los colegios e institutos para la creación de bancos de libros comenzó en 2014 con aquellos que voluntariamente quisieron participar, aunque en la mayoría ya funcionaban fondos bibliográficos de estas características.
La medida permite que el alumnado de los centros públicos disponga durante un curso de un préstamo de libros por valor de 105 euros, en lugar de la paga en metálico que se abonaba anteriormente. Según las estimaciones de la Consejería de Educación y Cultura, esta cantidad permitiría adquirir unos tres volúmenes. No obstante, como los manuales permanecen a disposición en el centro durante dos o tres años, se calcula que los estudiantes beneficiados pueden contar con todo el material necesario para el curso.
Podrá beneficiarse de estas ayudas el alumnado de los centros docentes públicos que curse Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Enseñanza Básica Obligatoria y que cumpla. Deberá además cumplir algunos requisitos, entre ellos: no ser repetidor del curso en el que se matricula; y que la unidad familiar no supere los umbrales de renta que se fijen e las respectivas convocatorias.
La Consejería de Educación, según el Principado, trata de dar respuesta con estas ayudas a la necesidad de impulsar un sistema que tienda a la gratuidad del material escolar, al tiempo que favorece la creación de un fondo bibliográfico en cada centro, que será propiedad de la Administración educativa y se pondrá a disposición del alumnado en concepto de préstamo durante sucesivos cursos escolares.
20,3 MILLONES PARA PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS
El Ejecutivo autonómico destinará también 20.315.933 euros a prorrogar, por un plazo de dos años, 23 contratos suscritos por el organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) para la gestión de 661 plazas residenciales en los concejos de Gijón, Llanes, Gozón, Nava, Oviedo, Siero, Carreño, Mieres y Las Regueras.
Estos puestos forman parte de los 2.060 que tiene concertados el ERA, tanto con entidades como con ayuntamientos y empresas privadas.
VIVIENDAS PÚBLICAS DE ALQUILER EN LLANES
El Gobierno ha dado el visto bueno también a la adjudicación de 31 nuevas viviendas públicas de alquiler en el concejo de Llanes. Los inmuebles, ubicados en la localidad de Posada, cuentan con una superficie útil que oscila entre los 30,38 y los 79,17 metros cuadrados. Todos ellos disponen de trastero y de uno a tres dormitorios.
Las viviendas se construyeron sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento y el Principado ha invertido en ellas 2.005.464 euros.
El sorteo para su adjudicación se realizó el pasado 6 de mayo entre las 124 solicitudes que cumplían los requisitos fijados. La convocatoria incluyó cupos de vivienda para los colectivos más desfavorecidos. Así, se reservaron pisos para personas con movilidad reducida, personas sin hogar, y familias con bajos ingresos, monoparentales o afectadas por desahucios. Para todas estas categorías se registraron solicitudes, excepto para la última.
Tras la adjudicación, se calculará el precio de los alquileres para ajustarlo a las circunstancias sociales y económicas de las familias beneficiarias.