El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha reclamado un consenso básico y una posición “proactiva, generosa y leal” por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy para alcanzar un pacto social y político que dé estabilidad a la educación. “Debemos contemplar el ámbito territorial a través de las administraciones educativas, porque las competencias están descentralizadas y somos los gobiernos autonómicos los que tenemos la responsabilidad de ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a cualquier acuerdo al que lleguemos”, ha subrayado.
Alonso, que ha intervenido en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, ha señalado que todo acuerdo debe sustentarse en tres ámbitos: social, político y territorial, y ha insistido en la necesidad de impulsar medidas concretas en cada uno de ellos.
En el marco territorial, ha reclamado que en la próxima reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, que se celebrará el 30 de marzo, se constituya un grupo de trabajo que elabore una propuesta de texto. Además, respecto al ámbito social, ha exigido que se impulse “de forma inmediata” la participación de la comunidad educativa y se articule un gran debate en colaboración con el Consejo Escolar del Estado y los consejos autonómicos.
“La sociedad civil es más dinámica que las estructuras políticas que tenemos: sus expectativas, sus intereses, inquietudes y pensamientos colectivos son más vivos y diversos que la capacidad del pensamiento político para integrarlos. Hacer oídos sordos a esta realidad, negar la voz de la sociedad civil, provocaría la imposibilidad del pacto que buscamos, puesto que no atendería sus expectativas ni demandas esenciales”, ha precisado.
En cuanto al ámbito político, el titular de Educación ha exigido al Gobierno central que no disminuya más la financiación del sistema y ha pedido que se renuncie al recorte presupuestario adicional previsto en el plan de estabilidad. Asimismo, ha reclamado la derogación, con el acuerdo de la Conferencia Sectorial, de las medidas de restricción presupuestaria que han incidido de forma directa en los recursos educativos, especialmente, de aquellas que afectan al profesorado del sistema público.
Finalmente, ha abogado por un papel activo del Senado para alcanzar un acuerdo por la educación y ha reclamado que la Comisión General de las Comunidades Autónomas constituya una ponencia de estudio en la que las propias autonomías, la comunidad educativa y las entidades locales puedan exponer y debatir de manera conjunta sus propuestas y elaborar un documento de conclusiones.