El PP declinó el lunes la nueva oferta del Gobierno para reanudar las conversaciones y sellar un acuerdo que permitan distribuir a los miles de menores migrantes que se encuentran a la espera de salir de Canarias y Ceuta, comunidad y ciudad en las que gobiernan los populares y que apremian a Génova a sentarse a negociar con el Ejecutivo.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial e interlocutor gubernamental en esta materia, volvió a escribir en la mañana del sábado a Miguel Tellado, su interlocutor y portavoz del PP en el Congreso. A través de una carta, le planteó dos fechas para volver a sentarse la próxima semana: el lunes 25 o el jueves 28, según el documento al que tuvo acceso Servimedia.
Fuentes populares confirmaron en la tarde del lunes que Tellado rechazó la propuesta y reiteró las mismas condiciones que esgrimió para suspender el diálogo el 5 de octubre. Es decir, que el Gobierno solicite a la Comisión Europea el despliegue de Frontex y pida el posible traslado de menores migrantes a otros países de la Unión a través del Mecanismo Voluntario de Solidaridad.
Desde La Moncloa consideran que ya han cumplido con esta premisa. El pasado 16 de septiembre, Torres envió una misiva a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en la que solicitó “la ayuda que sea precisa”. Acto seguido, emplazó a Tellado a celebrar una nueva cumbre en la que participarían los presidentes de Canarias y Ceuta, Fernando Clavijo y Juan Jesús Vivas, quienes aceptaron la propuesta. «Parece un intento de diluir responsabilidades y ganar tiempo a costa de las comunidades más afectadas, que están soportando una presión migratoria sin precedentes, sin los recursos ni el apoyo necesario», valoran ahora fuentes populares tras rechazar la invitación.
JUNTS Y LAS COMPETENCIAS DE INMIGRACIÓN
En privado, los populares tacharon este movimiento de “propaganda”, no dándose por satisfechos hasta que haya una petición formal de sus reclamaciones. Además, recalcaron que la dirigente alemana ha trasladado al PP que Europa está “preparada para asistir a España” y ayudar en el “diálogo” con otros países para relocalizar a los menores migrantes, y que Frontex ha confirmado a Alberto Núñez Feijóo su “disposición” a colaborar en la crisis migratoria.
Si el Ejecutivo no cede a esta pretensión, que es solo el primer escollo de unas negociaciones con múltiples aristas y cuya dificultad está en determinar en qué grado se implica el Estado en la financiación de la acogida de los menores, el PP no dará su brazo a torcer e invitará al Gobierno a buscar el apoyo de sus socios parlamentarios. Además, la presunta implicación de Torres en el ‘caso Koldo’ –Víctor de Aldama le acusa de pedirle 50.000 euros a través de un tercero– enfría aún más las posibilidades de que haya un acercamiento. De hecho, sospechan que este último paso puede ser una «cortina de humo».
Por su parte, el ministro amagó el viernes con una suerte de ultimátum al principal partido de la oposición. “O se está en la solución de la respuesta a los menores no acompañados que llegan a los territorios frontera, o se está en el no. Creo que ya, después de tanto tiempo, debemos tener una respuesta definitiva”, declaró en una rueda de prensa en La Moncloa en la última ronda de reuniones de Pedro Sánchez con presidentes autonómicos.
En el hipotético escenario de que el Gobierno opte por buscar el apoyo de sus socios parlamentarios para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, el reto que tendrá por delante será convencer a Junts, ya que se niega a que Cataluña participe en la relocalización de los menores migrantes. No obstante, en los últimos días se ha avanzado mucho en el acuerdo para el traspaso “integral” de las competencias de inmigración, según fuentes gubernamentales. El secretario general de los independentistas catalanes, Jordi Turull, afirmó este jueves que el debate ya es solo “jurídico” y no político, y que se “están cerrando” los últimos “flecos”. Se desconoce el alcance y los efectos que tendría de materializarse definitivamente sobre esta cuestión, dado que la Generalitat está en manos del PSC.
PRESIÓN DE CANARIAS Y CEUTA
La negativa del PP choca con la postura de sus gobiernos en Canarias y Ceuta, las comunidades más afectadas por una crisis migratoria que ha desbordado la capacidad de sus centros de acogida. El presidente del Ejecutivo insular, que milita en Coalición Canaria y es socio de gobierno de los populares, Fernando Clavijo, defendió hace tres días que es “imprescindible” retomar las negociaciones.
“Tenemos que sentarnos, tenemos que ser capaces de darle una oportunidad a esos niños y a esas niñas y darle una oportunidad también a Canarias, que no puede, la presión sigue y aguantamos y aguantamos, pero la presión es insostenible”, señaló.
Clavijo ya fue en su momento muy crítico con la decisión del PP de levantarse de la mesa. “No solo no la compartimos, sino que no la entendemos y desde luego no justificamos de ninguna manera que te levantes de una mesa de negociación, sobre todo con un asunto tan importante como el que estamos hablando”, afirmó hace ya más de un mes tras reunirse con Sánchez en Madrid.
Vivas también abogó el pasado viernes por recuperar el diálogo. “Yo espero que el Partido Popular acuda a esa reunión pero que haya una buena disposición también por parte del Gobierno porque todo el mundo tiene aquí que poner de su parte”, dijo el presidente ceutí antes de abandonar La Moncloa. Gobierno, Canarias y Ceuta coinciden en que la solución pasa por reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Pero el PP solo accederá si el Ejecutivo garantiza su implicación y compromiso económico.