El Congreso debatirá el martes una iniciativa del PP para acabar con la cita previa obligatoria como único requisito de atención presencial en oficinas del Estado.
El Congreso de los Diputados debatirá mañana martes una proposición no de ley (PNL), presentada por el PP, para eliminar la obligatoriedad de la cita previa como requisito exclusivo para la atención presencial en las oficinas de la Administración General del Estado (AGE).
La PNL de los populares también contempla que se garantice la atención presencial a cualquier ciudadano que lo solicite, tanto si cuenta con cita previa como si no. Además, insta al Ejecutivo a tomar las medidas organizativas necesarias para compatibilizar la atención presencial, la atención telemática y la cita previa voluntaria, de forma que se asegure siempre la accesibilidad universal y la igualdad efectiva en el acceso a los servicios públicos.
El PP especificó en el texto que su propuesta no busca eliminar la cita previa “como instrumento de gestión”, sino devolverla “a su naturaleza original”, de modo que vuelva a ser “un sistema voluntario” que facilite la organización de este servicio a quien quiera utilizarlo. Si bien los populares reconocieron que la cita previa “puede ser una herramienta útil de gestión”, como se demostró desde la pandemia, avisaron de que “no debe convertirse en una barrera de acceso”.
Además, subrayaron que la atención directa, inmediata y presencial en las oficinas debe mantenerse como una “opción real y efectiva” para todos los ciudadanos, sobre todo para las personas mayores o quienes sufren la brecha digital.
La exposición de motivos de la proposición también incide en que la relación entre los ciudadanos y la Administración debe ser accesible, eficiente, próxima y al interés general y agregó que la normativa reconoce “el derecho de las personas físicas a elegir el canal de relación con la Administración, ya sea presencial o electrónico, salvo en los supuestos legalmente tasados”. En este sentido, el PP insistió en que la ley no establece en ningún caso “la obligatoriedad de la cita previa como condición exclusiva para ser atendido presencialmente”.
El texto de la PNL agrega que la Constitución impone a los poderes públicos la obligación de remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de los derechos, por lo que, a juicio del PP, la cita previa obligatoria supone “un obstáculo efectivo al ejercicio de derechos administrativos”.
Asimismo, indica que la obtención de cita previa resulta en muchos casos “extraordinariamente compleja o se ofrece con demoras prolongadas”, lo que genera inseguridad jurídica e, incluso, “pérdida de derechos por vencimiento de plazos”.