La Dirección General de Urbanismo iniciará tras la Semana Santa en Asturias reuniones con los 36 colectivos y administraciones que presentaron alegaciones al nuevo decreto de servicios en el litoral asturiano.
La Dirección General de Urbanismo, dependiente de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, iniciará tras la Semana Santa una ronda de contactos con los distintos sectores y entidades que presentaron alegaciones al proyecto de decreto sobre la autorización de servicios en el litoral de Asturias. El periodo de información pública finalizó el pasado lunes con 36 alegaciones recibidas.
Entre quienes han presentado propuestas figuran representantes del sector hostelero, negocios vinculados al surf y organizaciones empresariales como Fade, Otea, la Asociación de Empresarios de Navia o la Asociación de Chiringuitos de Playa. También han enviado sus aportaciones los ayuntamientos de Caravia, Castrillón, Coaña, Llanes y Navia, junto a entidades ecologistas, asociaciones vecinales como Avall y organizaciones sociales como Aspaym.
Reuniones para lograr una propuesta equilibrada
El objetivo de la ronda de reuniones con todos estos organismos es analizar en detalle sus aportaciones y avanzar hacia una propuesta equilibrada en un ámbito especialmente delicado como el litoral, que cuenta con un régimen de especial protección. La consejería considera que existe margen para el acuerdo y que el diálogo con los sectores implicados permitirá mejorar el texto normativo.
El decreto en tramitación establece un marco integral para la ordenación de los servicios en el litoral, tanto de temporada como permanentes, y adapta la normativa vigente desde 2013 a un contexto de creciente presión turística y nuevos usos.
Novedades del decreto: criterios objetivos y nuevos usos regulados
Entre las principales novedades, el texto distingue por primera vez entre servicios de temporada en playas y servicios permanentes del litoral, fija condiciones homogéneas para su autorización y establece criterios objetivos de adjudicación, entre ellos el menor impacto ambiental, la accesibilidad o la ausencia de sanciones previas. El decreto también incorpora límites a la capacidad de los aparcamientos en las playas de mayor afluencia y regula usos hasta ahora sin ordenación específica, como las áreas de autocaravanas.
El nuevo texto amplía además el periodo de actividad de los servicios de temporada para adaptarlo a la realidad turística, y adelanta los plazos de solicitud para facilitar la planificación. Todo ello con el fin de compatibilizar el uso y disfrute de la costa con la protección de sus valores naturales, paisajísticos e identitarios.
El desmontaje de instalaciones, una obligación que ya existía
Sobre uno de los aspectos que ha generado mayor atención mediática, la consejería aclara que la obligación de desmontar las instalaciones de temporada no es una novedad: está recogida tanto en la normativa autonómica vigente como en la legislación estatal de costas. El nuevo texto refuerza este principio al eliminar la excepcionalidad que permitía, previa justificación, mantener determinados servicios fuera de temporada, una figura que en algunos casos se había aplicado de forma arbitraria e inadecuada.
La norma no llegará hasta la temporada de 2027
El proyecto continuará su tramitación administrativa, que incluye el análisis de las alegaciones, la solicitud de informes a otras consejerías y al Consejo Consultivo, y su posterior aprobación por parte del Consejo de Gobierno. La previsión es que la norma se publique en el Bopa en el tercer trimestre del año, por lo que su aplicación efectiva se producirá la próxima primavera, de cara a la temporada de 2027, y no este verano.