Buenos Aires, 6 ago (dpa) – El kirchnerismo sistematizó el cobro de sobornos en Argentina, afirmó la presidenta de Transparencia Internacional (TI), Delia Ferreira Rubio, al analizar el escándalo de los cuadernos en los que el chofer de un ex alto funcionario reveló detalles minuciosos del pago de dinero de empresas al poder.
La presidenta de TI declaró en una entrevista con dpa que en la última década hubo «un crecimiento exponencial del volumen y sofisticación de la corrupción a nivel político-empresarial».
Destacó además que el principal hito de este caso es que empresarios que hasta ahora no estaban vinculados directamente con los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) comenzaron a confesar el pago de dinero a sus ex funcionarios.
dpa: ¿Qué importancia tiene el nuevo caso sobre los cuadernos con referencias tan precisas de supuestos sobornos pagados a las más altas esferas de los gobiernos kirchneristas?
Ferreira: La Justicia está trabajando con fotocopias de esos cuadernos -reconocidas por su autor como auténticas- y sobre la base del contenido de esas anotaciones se han realizado cruces de información que verifican los datos contenidos en esos cuadernos.
Los casos que allí se denuncian no son nuevos. Ya habían sido denunciados y algunos estaban en proceso. La novedad son los registros escritos y algunas fotos que se van conociendo ahora.
Lo más significativo en este caso es que han aparecido los primeros empresarios arrepentidos que han reconocido haber entregado dinero en bolsos a funcionarios del Gobierno kirchnerista y que sostienen que lo hicieron porque les pedían dinero para financiar las campañas.
Los empresarios detenidos con anterioridad en casos de corrupción eran todos del grupo K, vinculados directamente a la cúpula del poder y que tenían negocios personales con los dos ex presidentes y serían testaferros.
El primer empresario arrepentido en este caso es el CEO de una empresa que hizo negocios con el Estado, pero hasta ahora no estaba sospechado de ser testaferro de los Kirchner, ni la empresa estaba entre las que tenían negocios personales con los Kirchner. Es un tipo de empresario que no había sido alcanzado por la Justicia hasta ahora. Esa es la novedad más importante.
dpa: ¿Considera que el kirchnerismo sistematizó y profesionalizó el cobro de sobornos para otorgar contratos de obras públicas?
Ferreira: Sin lugar a dudas.
dpa: ¿La sorprendieron las denuncias sobre aportantes falsos a las campañas proselitistas de la coalición oficialista Cambiemos?
Ferreira: No me sorprendió que hubiera aportantes falsos. Lo que me llamó la atención fue que esta maniobra sistemática y generalizada hubiera sido utilizada por un partido que hizo de la transparencia su caballito de batalla.
Estos son en realidad «aportantes-fachada» que no sólo no aportaron, sino que sirven para ocultar el verdadero origen de los fondos.
La transparencia en el financiamiento de la política es central porque saber quién está realmente detrás de los candidatos permite descubrir los potenciales compromisos de los candidatos que luego se traducirán en decisiones políticas como devolución de favores. ¿A quiénes representan los funcionarios electos? ¿A los ciudadanos? ¿O actúan en función de los intereses de quienes aportaron?
dpa: ¿Considera que la corrupción es un problema endémico en Argentina?
Ferreira: Argentina es un país anómico, el valor de las normas es relativo y algunas encuestas de cultura constitucional reflejan un escaso apego a las normas en general, empezando por cuestiones muy sencillas como las normas de tránsito.
Dicho esto, lo que se ha visto en la última década es un crecimiento exponencial del volumen y sofisticación de la corrupción a nivel político-empresarial.
Los sucesivos escándalos de corrupción no han dado lugar a sanciones efectivas y oportunas a los responsables del sector público y del sector privado.
Los juicios por corrupción se extienden por plazos que exceden en promedio los 14 años. Las sanciones son débiles y muchas veces las causas prescriben. Prima la impunidad y ello acrecienta los incentivos para la corrupción.
dpa: ¿Argentina cuenta con un sistema judicial capaz de investigar y condenar de forma eficiente los hechos de corrupción? ¿Qué necesitaría para mejorar?
Ferreira: La falta de independencia del poder político de turno y del poder económico -que siempre está de turno- es un problema que se detecta en algunos jueces y fiscales federales que son los competentes en casos de corrupción en los organismos nacionales.
El segundo problema que señalaría es la falta de recursos y la sobrecarga de tareas que hace que el magistrado no pueda concentrarse en una causa y sus causas conexas.
El tercer problema tiene que ver con las normas procesales que funcionan en muchos casos como mecanismos para trabar y demorar los procesos, consagrando la impunidad.
En este sentido, por ejemplo, es positiva la aprobación de la ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y la aprobación de la ley que incorpora la figura del arrepentido, que se está aplicando en el caso de los cuadernos.
dpa: ¿Los conflictos de intereses registrados en integrantes del actual Gobierno entrañan un acto de corrupción?
Ferreira: Los conflictos de interés son una de las puertas de ingreso de la corrupción. Es indispensable detectarlos a tiempo para suprimir el conflicto, o inhabilitar al funcionario a decidir en determinadas cuestiones o directamente remover al funcionario.
En el actual gobierno, el problema de los conflictos de interés aparece reiteradamente.
Esperamos que el proyecto de ley de integridad que el Gobierno ha anunciado regule adecuadamente el tema para prevenir potenciales casos de corrupción.
Por Cecilia Caminos (dpa)