Barcelona/Berlín/Neumünster, 26 mar (dpa) – Los partidos independentistas de Cataluña acordaron hoy celebrar el miércoles un pleno parlamentario de urgencia para destrabar una posible investidura de Carles Puigdemont como presidente regional a la espera de que se decida su futuro inmediato tras su detención en Alemania.
La larga crisis abierta por el plan soberanista en Cataluña vivió así otra jornada intensa en dos frentes: la ciudad alemana de Neumünster, donde Puigdemont declaró ante un juez que determinará si lo mantiene detenido hasta que se decida su entrega a España, y Barcelona, donde el soberanismo cerró filas en torno al ex presidente.
La posibilidad de volver a investir a Puigdemont al frente del Gobierno catalán parece virtualmente imposible desde el punto de vista legal mientras se encuentre en prisión o fuera de España, pero las formaciones independentistas avanzaron en esa dirección al convocar el pleno urgente del miércoles.
La cámara debatirá ese día dos resoluciones que piden «adoptar todas las medidas necesarias» para garantizar «los derechos políticos» de Puigdemont, incluida su posible investidura. Lo mismo reclaman para Jordi Turull, otro candidato del independentismo a presidir Cataluña que se encuentra en prisión preventiva en Madrid.
«Con los elementos que tenemos, hay que ver cómo hacemos a Puigdemont presidente, no simbólico, sino presidente de verdad», señaló Elsa Artadi, portavoz de la plataforma Junts per Catalunya (JxCat) de Puigdemont, antes de que se convocara el pleno.
Las resoluciones reclaman también «la puesta en libertad inmediata» de los otros líderes independentistas que se encuentran en prisión preventiva. Entre ellos figura el «número dos» de Puigdemont en las elecciones del 21 de diciembre, Jordi Sànchez, que hoy anunció su intención de ser investido presidente tras un primer intento fallido.
La convocatoria del miércoles y la vuelta a primer plano de tres candidatos que están procesados o detenidos indignaron a los antiindependentistas.
El partido Ciudadanos, el más votado en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, reclamó la renuncia del presidente del Parlamento en Barcleona, Roger Torrent, al considerar que usa la Cámara de forma «arbitraria y tendenciosa a favor de los partidos independentistas y faltando a la neutralidad institucional que le es debida».
La tensión volvió a escalar en Cataluña después de que Puigdemont fuese detenido el domingo tras ingresar en coche a Alemania desde Dinamarca, lo que generó ya durante la noche multitudinarias protestas en Barcelona que acabaron con un centenar de heridos y nueve detenidos.
Siguiendo el proceso establecido por la orden europea de detención presentada por el Supremo español el viernes, Puigdemont declaró hoy ante un juez alemán que definirá si lo mantiene en prisión preventiva hasta que se resuelva su entrega a España, un paso que podría demorarse entre diez y 60 días.
El nuevo huésped alborotó la localidad de Neumünster, donde una treintena de periodistas de varios países desafiaron temperaturas cercanas a los cero grados y una neblina gris para apostarse delante del correccional a la espera de noticias. Un grupo antifascista anunció luego una protesta para pedir la liberación del catalán.
A la espera de noticias judiciales, llegaron las primeras políticas tanto en Madrid como en Berlín, dos Gobiernos que mantienen una buena sintonía.
«Creo que a los demócratas que confiamos en el Estado de derecho nos tranquiliza ver que las instituciones funcionan y que en este país todos somos iguales ante la ley y nadie puede infinitamente seguir burlándose de la Justicia», dijo la «número dos» de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, en la sede del Gobierno español.
El Ejecutivo de Angela Merkel, entre tanto, tomó distancia de la decisiones judiciales y de asuntos internos de España, pero volvió a despejar cualquier duda sobre su apoyo a Madrid.
«España es un Estado democrático. Desde nuestro convencimiento y nuestra experiencia, España es un Estado constitucional. Este conflicto se debe solucionar en base al derecho español», dijo el portavoz de Merkel, Steffen Seibert.
La oposición alemana se mostró más crítica con España: el partido poscomunista La Izquierda pidió hoy que se convoque a la Comisión de Asuntos Jurídicos y al Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento alemán para analizar la situación. «El debate sobre el estatus de Cataluña es político, no jurídico, y debe llevarse a cabo en España con ayuda de la Unión Europea (UE) y en ningún otro lugar», reclamó el líder parlamentario de La Izquierda, Dietmar Bartsch.
Por Pablo Sanguinetti, Almudena de Cabo y Laura Aráoz (dpa)