El Gobierno de España ha contemplado la excepcionalidad que supone la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al diseñar su nuevo plan para mejorar el profesorado universitario, y que pretende crear 3.400 plazas de docentes el próximo curso si las comunidades autónomas, que también tienen competencias en políticas universitarias, asumen otras 800.
Así lo indicaron fuentes del Ejecutivo a Servimedia en el contexto de la presentación hace unos días del citado plan a representantes de los gobiernos regionales. Dichas fuentes reconocieron que Universidades tendrá que hacer un «esfuerzo» para crear plazas de profesores universitarios de cara al próximo curso, pues en los meses que discurre en 2024 aún se trabajará con las cuenta prorrogadas de 2023.
Según indicó la propia ministra Diana Morant tras la Conferencia General de Política Universitaria a la prensa, el plan contaría con 150 millones de euros anuales en los próximos seis años (cuatro cursos). Para desarrollar esta propuesta, Morant condicionó que las autonomías debían mostrar su compromiso durante este mes de abril a crear un tercio de las plazas totales en los próximos cursos. Asimismo, justificó el impulso del plan en el «contexto» de la aplicación de la nueva ley de Universidades (LOSU).
Se da la circunstancia de que el Ejecutivo anunció a las universidades los pormenores de este programa antes que a los gobiernos autonómicos. Fue el pasado 15 de marzo en La Moncloa, en un acto en el que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó a los rectores la citada financiación de 3.400 plazas de profesores ayudante doctor en las universidades públicas españolas desde el próximo curso 2024-2025 y durante los seis años de duración de esta modalidad de contrato.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, había anunciado apenas un par de días antes que convocaba elecciones en Cataluña para el próximo 12 de mayo, por lo que el Ejecutivo central declinó negociar con sus socios los PGE para este año, prorrogados de hecho desde el 1 de enero.
ESFUERZO
Ante todo ello, la responsable de las políticas universitarias del Gobierno de Sánchez pidió a las comunidades autónomas que hagan «un esfuerzo» para incluir esas partidas para crear nuevas plazas de profesores universitarios en sus presupuestos, como también estaba haciendo el propio ministerio, sin citar explícitamente a la prórroga de los PGE.
«Sólo entraremos con este programa si hay corresponsabilidad», reiteró Morant, condicionando la aplicación del programa a ese compromiso, a la par que gobiernos autonómicos, como el de la Generalitat Valenciana, pidieran a Morant la financiación del 100% de las plazas. También Madrid había trasladado su malestar a la propia ministra a través de una carta que remitió a Morant hace unos días para protestar por este plan.
«No vamos a sufragar competencias sin que esa comunidad autónoma no ejerza ninguna responsabilidad», zanjó la ministra, que avanzó que ya el pasado miércoles, en el seno de la Conferencia, «algunas» autonomías ya expresaron su conformidad a participar en el programa y que otras «tendrán que hablarlo con sus presidentes y presidentas, pero ninguna ha cerrado la puerta al diálogo con el Ministerio de Ciencia». Por ejemplo, al término del encuentro la consejera Navarra ya planteó a la prensa su adhesión al plan.
Las citadas fuentes también precisaron que el objetivo de esta iniciativa es «rejuvenecer las plantillas y acabar con la precariedad» laboral en los campus con el «plan más ambicioso desde los años 80 del siglo pasado» y un compromiso de 900 millones de euros en los próximos seis años. Según datos oficiales, alrededor del 50% del profesorado público es temporal, porcentaje que se supera en algunas universidades. Esa temporalidad alcanza el 12% en la economía española, cuando el objetivo marcado por la Unión Europea es del 8%, recordaron desde el Gobierno.
«Las comunidades autónomas se tienen que sumar a este plan, poniendo más dinero», zanjaron los aludidos conocedores del proceso, que afearon a los gobiernos regionales que usen la frase de «yo invito y tú pagas» cuando el gobierno central propone políticas en las que las autonomías también tienen competencias. «Es una frase demoledora. Esto no es una taberna», zanjaron.