El Gobierno de Sánchez seguirá «trabajando» para poder implementar la llamada «ley de nietos», todo ello pese a la decisión del Tribunal Supremo sobre la suspensión cautelar de la ya mencionada iniciativa.
Fuentes gubernamentales señalaron que el Ejecutivo está más que dispuesto a dar la batalla frente al Tribunal Supremo para evitar que el Supremo convierta de manera definitiva la suspensión cautelar de la llamada ‘ley de nietos’, en lo que se refiere a la concesión de la nacionalidad española en los descendientes de quienes, tras la Guerra Civil, abandonaron el país por distintos motivos a la persecución política.
La sala de los Contencioso-Administrativo del Supremo suspendió cautelarmente la semana pasada la inscripción en el censo electoral de las personas que hayan obtenido la nacionalidad en función de una instrucción que elimina el requisito de la persecución.
Las mismas fuentes explicaron que el Ejecutivo considera que todos los «emigrantes económicos» en los años 40 y 50 eran exiliados políticos y por ahí se defenderán en el alto tribunal.
Asimismo, explicaron que la suspensión supone revisar, uno por uno, los expedientes de las más de 500.000 solicitudes que ya han sido tramitadas y empezar a expurgar las que acrediten ser descendientes de exiliados ideológicos y las que no. Algo que, a juicio del Gobierno, supone un bloqueo definitivo del sistema consular.
Por último, desde el Ejecutivo recordaron que en la Ley de Memoria Histórica aprobada bajo el mandato del expresidente José Luis Rodríguez se dio la nacionalidad a los hijos de los exiliados y hubo una instrucción igual que en la actual norma, suspendida por el Supremo, que en la práctica ampliaba el derecho a la emigración por motivos económicos. Una situación que, según recuerdan fuentes del Ejecutivo, se mantuvo en el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2011 y 2018 «y nadie dijo nada».