Madrid, 2 nov (dpa) – El Gobierno español de Pedro Sánchez negó hoy cualquier tipo de presión sobre la Abogacía del Estado de cara a la elaboración del escrito de acusación presentado hoy ante el Tribunal Supremo español por el proceso independentista catalán, que contempla penas considerablemente menores a las solicitadas por la Fiscalía.
El órgano, integrado en el Ministerio de Justicia, reclamó en total 116,5 años de cárcel para líderes y políticos separatistas procesados por la Justicia, frente a los 177 años que pidió la Fiscalía.
Mientras la Abogacía del Estado -que también es parte en este proceso- acusa a algunos de los investigados de sedición y malversación de caudales, la Fiscalía les achaca un delito de rebelión, más grave, al apreciar violencia en los hechos que llevaron hace un año al «Parlament» a aprobar una declaración para crear una república independiente en Cataluña.
La decisión de la Abogacía del Estado fue interpretada por partidos de la oposición como el PP o Ciudadanos como un guiño del Gobierno a los partidos independentistas catalanes, cuyo apoyo necesita el socialista en el Parlamento español porque gobierna en minoría.
«No ha habido imposición de criterio. La abogada del Estado ha estudiado el tema, ha analizado los hechos y las pruebas practicadas durante la instrucción y ha elaborado el escrito de conclusiones que ha firmado», defendió hoy en rueda de prensa la ministra española de Justicia, Dolores Delgado.
«No ha habido ningún cambio de posición porque es la primera vez que la Abogacía del Estado fija los hechos y los califica», argumentó también la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo.
Desde el Gobierno de Cataluña, su presidente, el separatista Quim Torra, descartó también que el escrito de acusación de la Abogacía del Estado constituya un «gesto» hacia el independentismo y aseguró que las penas solicitadas en ambos casos son «inaceptables».
«El Gobierno ha perdido una oportunidad de oro para sacar de los tribunales el conflicto que se vive en Catalunya y devolverlo a la política, que es donde debe estar», dijo en una declaración realizada junto al actual presidente del «Parlament», Roger Torrent.
Las penas más altas solicitadas por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado son para el ex vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, quien justo hace un año fue enviado a prisión provisional.
El ministerio público pidió 25 años de cárcel para él, frente a los 12 reclamados por la Abogacía del Estado.