El Juzgado Central de lo contencioso administrativo número 4 ha ordenado al Gobierno de España que “sin más dilación proceda a cumplir lo dispuesto” en la primera sentencia dictada por este tribunal sobre el pago de los fondos mineros que se adeudan a los asturianos y asturianas, y que asciende a 213.056.914 euros. Actualmente hay otros dos procedimientos iniciados por el Ejecutivo que preside Javier Fernández que eleva a 322.858.315 euros. Esta diligencia judicial se suma a otras decisiones de los tribunales que dan la razón al Gobierno del Principado en sus reclamaciones de las inversiones comprometidas en los concejos mineros y que tienen una incidencia muy relevante en la mejora del bienestar de sus habitantes.
La administración de justicia responde de esta manera a la solicitud planteada por el Ejecutivo asturiano el pasado mes de noviembre para la ejecución inmediata de la sentencia que obliga al Ministerio de Industria a abonar las cantidades pendientes de los convenios de 2011, que ascienden a 213 millones. Una reclamación que se formuló en un plazo de 48 horas para lograr la mayor agilidad administrativa posible y contar con el respaldo legal para que el Gobierno central abonase los fondos mineros adeudados a los asturianos.
La diligencia dictada el pasado día 2 de este mes y comunicada tres días después al Principado por el Juzgado Central número 4 de lo Contencioso Administrativo ordena:
· Primero. Que en un plazo de 15 días informe al Juzgado Central número 4 sobre las gestiones practicadas en relación al cumplimiento de la primera sentencia, iniciada en el verano de 2012, “y el estado en el que se encuentra dicha ejecución y, en su caso, actuaciones que restan por practicarse para el cumplimiento total”.
· Segundo. Que “sin más dilación proceda a cumplir en su totalidad lo dispuesto en la sentencia a ejecutar”.
El tribunal es preciso sobre la deuda de los fondos mineros que el Gobierno de España mantiene con Asturias. “No caben interpretaciones, ni maniobras de dilación para cumplir con la sentencia. El tribunales claro y contundente con el Gobierno de España: pague a Asturias un dinero comprometido y aprobado”, puntualizó el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez.
Una reclamación que vino precedida de varios oficios remitidos por el Ministerio de Industria a la Consejería de Economía y Empleo relacionados con otros tantos convenios en los que no sólo negaba el derecho de Asturias a percibir las cantidades adeudas, sino que reclama la devolución de la subvención concedida.
En todos los casos, el Instituto del Carbón alega que el Principado no ha acreditado correctamente la ejecución completa de los proyectos. Sin embargo, estos casos están afectados por la sentencia judicial del 341/2013, de 28 de octubre de 2013, recurrida por el Gobierno central y ratificada en 2014 por la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Desde entonces, el Principado ha hecho múltiples intentos para que el Ministerio de Industria acate y ejecute el fallo judicial.
“Se trata de una estratagema judicial para evitar el cumplimiento de la sentencia, más propia de las tretas de un mal pagador que de la responsabilidad de quienes han sido elegidos para ocupar el Gobierno de España y cumplir con la ley”, precisó el Consejero de Presidencia.
“El Gobierno de Asturias tiene a gala su lealtad institucional. La hemos practicado siempre. La actitud del Ministerio de Industria es justo la contraria: si algo le define es la deslealtad y la irresponsabilidad”, añadió Guillermo Martínez. “Una deslealtad que se extiende también a los tribunales de justicia”, subrayó el portavoz del Principado, tanto al Juzgado de lo Central número 4 como a la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, cuyas sentencias y resoluciones son de obligado cumplimiento por todos los ciudadanos y, mucho más, por todas las instituciones.
Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno de Asturias se ha visto obligado a recurrir a los tribunales para reclamar las cantidades pendientes de los fondos mineros. Para ello, ha presentado tres recursos:
1.El primero, por los convenios cuya vigencia finalizó en el ejercicio 2011 y años anteriores, por un importe de 213.056.914 euros. El primer paso fue dado por el anterior Ejecutivo del Principado en 2012, ante un tribunal incompetente, error que fue corregido por el Gobierno de Javier Fernández. Esta reclamación dio lugar a la sentencia ya citada (341/2013, de 28 de octubre de 2013) y que ahora el Juzgado de lo Central ordena su cumplimiento “sin más dilación”.
2.El segundo (procedimiento ordinario 32/2013), por los convenios cuya vigencia finalizó en el ejercicio 2012. En este recurso, pendiente de resolución, se reclaman al ministerio 56 millones.
3.El tercero (procedimiento ordinario 29/2014), presentado el pasado año, corresponde a los convenios de los fondos mineros hasta 2013 y supera los 53 millones.