La actividad legislativa impulsada por el Gobierno de Asturias durante la novena legislatura que ahora toca a su fin ha sido una de las más intensas, teniendo en cuenta además que se ha limitado a tres años. Desde que se constituyó el Ejecutivo presidido por Javier Fernández, a finales de junio de 2012, se han remitido un total de 36 proyectos de ley a la Junta General del Principado, de los que se han aprobado 25.
La presentación de 36 proyectos legislativos en este periodo acredita dos hechos de relevancia: la notable actividad desplegada por todas las consejerías y la capacidad de negociación con los grupos parlamentarios, más en una cámara muy plural que obligó desde el primer día a convertir el diálogo y el acuerdo en dos herramientas esenciales.
El consejero de Presidencia y portavoz del Principado, Guillermo Martínez, señaló que el Ejecutivo, respaldado por el grupo mayoritario de 17 diputados de un total de 45, “buscó siempre el pacto para lograr amplias mayorías y eso fue posible gracias a la capacidad de diálogo que representa el proyecto político liderado por el Presidente Javier Fernández, que permitió encontrar territorios de entendimiento y de consensos en el arco parlamentario”.
Muestra de ello es que de los 36 proyectos de ley elaborados por el Gobierno, 25 fueron aprobados por la Junta General del Principado, sólo tres fueron rechazados y dos retirados. Seis de los proyectos legislativos no han llegado a debatirse al concluir el periodo de sesiones y estar aún en fase de tramitación por el Parlamento, pese a haber sido enviados algunos de ellos hace más de once meses.
Guillermo Martínez subrayó que estas cifras respaldan el objetivo del Ejecutivo autonómico en esta legislatura. “Nuestra meta era poner fin a un periodo de inestabilidad y anomalía institucional y que el Gobierno del Principado dejase de ser un problema para los asturianos y aportase soluciones”, afirmó. Más en un periodo en que la profunda recesión económica exigía respuestas con el mayor respaldo político y social, “en defensa de los intereses de Asturias, la regeneración democrática y, principalmente, de las personas más golpeadas por la crisis, el desempleo y los recortes impuestos por el Gobierno central”, añadió el titular de Presidencia.
Las leyes promovidas por el Ejecutivo autonómico fueron reflejo de este compromiso, principalmente aquellas que tenían como objetivo asegurar recursos suficientes para garantizar el Estado de Bienestar, frenar la desigualdad y blindar los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y las prestaciones sociales. “La batería de leyes e iniciativas impulsadas por el Gobierno responden a una apuesta por una política social y económica que evitase el avance de la desigualdad y a favor de las personas más castigadas por la crisis y las contrarreformas del Ejecutivo de España”, precisó Guillermo Martínez.
El consejero y portavoz del Gobierno del Principado lamentó que algunas de las iniciativas legislativas, como los proyectos de Buen Gobierno y de Transparencia, fueran bloqueadas por algunos partidos de la oposición “que antepusieron intereses meramente electoralistas o partidistas, precisamente con dos proyectos de ley que hubiesen situado a Asturias en la cabeza del regeneracionismo democrático”. Ambos proyectos fueron aprobados por el Ejecutivo el 26 de marzo y el 4 de abril de 2014, respectivamente. Es decir, hace casi un año.
Guillermo Martínez añadió que “este es el Gobierno que más ha hecho a favor de la transparencia y la rendición de cuentas en toda la historia democrática de Asturias; ahí están el portal de transparencia, la publicación de los sueldos y de los patrimonios del Presidente y de los consejeros o la apertura de cauces de participación ciudadana en proyectos de ley y sin necesidad de legislación alguna”.
Consecuencia de esta apuesta por la regeneración democrática es que en 2014 Asturias obtuvo la calificación de sobresaliente en el índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas que cada dos años publica la organización no gubernamental Transparencia Internacional, más conocido como INCAU.
La actividad del Gobierno no se ha limitado a los proyectos de ley, sino que se ha extendido también a comparecencias de los miembros y altos cargos del Ejecutivo autonómico y a atender las demandas de informaciones de los grupos de la oposición. Este balance se materializa en las siguientes cifras:
· El Presidente ha respondido a 95 preguntas en el Pleno.
· Los consejeros del Gobierno han comparecido en 1.195 ocasiones en el Parlamento, tanto en sesiones plenarias como en comisiones.
· El Ejecutivo ha dado respuesta a 1.726 solicitudes de información presentadas por los grupos parlamentarios.
· Ha respondido a 1.189 preguntas por escrito.
· Celebrados tres debates sobre el estado de la región en dos años y nueve meses, el primero de ellos a los tres meses de la constitución del Ejecutivo.
“Son cinco ejemplos, pero podría ponerles muchos más, del currículum de los casi tres de este Gobierno, que acredita su capacidad de liderazgo y de su voluntad de buscar espacios comunes con el resto de las fuerzas parlamentarias para alcanzar acuerdos en beneficio de todos los asturianos y asturianas”, precisó Guillermo Martínez.
De los seis proyectos de ley que el Parlamento no ha logrado tramitar destacan algunos que fueron remitidos hace más de 11 meses por el Ejecutivo asturiano, como el de Transporte y Movilidad; nueve meses, como la Ley de Sostenibilidad y Protección Ambiental, u ocho meses, como el del Plan Asturiano de Estadística.