El Gobierno de Asturias ha sacado hoy adelante una ambiciosa y moderna Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, que supera ampliamente los requerimientos estatales y refuerza las herramientas y mecanismos de control para luchar contra la corrupción. “Es una de las regulaciones autonómicas más completas y la única que incluye la posibilidad de aceptar denuncias anónimas, siempre que la normativa estatal que se está tramitando lo respalde”, ha explicado el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, durante su intervención en el pleno de la Junta General.
Martínez ha valorado las aportaciones de los grupos parlamentarios al proyecto de ley presentado por el Principado, que ya incluía 10 bloques informativos y 124 contenidos de obligada publicación, frente a los 3 bloques y 33 epígrafes de la norma estatal, e instaba a la creación de unidades de transparencia en la Administración autonómica. El texto elaborado por el Ejecutivo también elevaba inicialmente el nivel de exigencia en la obligación de información por parte de las entidades privadas sobre los fondos públicos que reciben, incorporaba los contratos menores a partir de 1.500 euros y obligaba a dar cuenta sobre los gastos de representación y protocolo.
“Nuestra propuesta ya planteaba la aprobación de un código ético, ahora denominado código de conducta, y preveía la habilitación de un canal para denunciar presuntas conductas irregulares o incumplimientos normativos, además de la puesta en marcha de una Oficina de Buen Gobierno, un novedoso régimen sancionador y la total independencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno”, ha recordado el titular de Presidencia.
El texto aprobado hoy en el pleno de la Junta General establece un estatuto de denunciante para salvaguardar la identidad e intereses de quienes adviertan sobre posibles irregularidades en el sector público, para lo que se habilitará un canal electrónico en el Portal de Transparencia. La norma, que también es pionera en la creación de una Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, plantea además la redacción de un plan de prevención con el mismo propósito.
La ley ha superado un procedimiento administrativo y técnico riguroso, en el que se ha dado audiencia a más de 80 colectivos, organizaciones expertas y otras entidades, y cuenta con el dictamen positivo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, el Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo.
La norma promueve la publicación, en formatos abiertos y accesibles, de todos aquellos datos relevantes en el ejercicio de la actividad pública, y garantiza el derecho de acceso a la información pública que obra en poder de las administraciones, sus organismos y entes, y el resto de personas afectadas por la ley. Asimismo, impulsará el uso responsable por parte de la ciudadanía de esos datos, además de establecer los principios rectores del buen gobierno y regular el ejercicio del alto cargo en el ámbito de la Administración autonómica y su sector público.
Martínez ha destacado tanto su rigor técnico como su ambición, ya que va más allá de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, al ampliar los datos que serán difundidos y los sujetos que se someterán a la normativa, al tiempo que endurece los mecanismos de control contra la corrupción.
El texto profundiza, además, en el compromiso con la transparencia que ha mantenido el Gobierno de Asturias en las dos últimas legislaturas. “Ese compromiso ha sido reconocido con un resultado de sobresaliente en los dos últimos informes del índice Incau de transparencia de las comunidades, lo que sitúa al Principado como la autonomía que más ha avanzado en el período 2012-2016”, ha precisado el titular de Presidencia. Además, para la Organización de Consumidores y Usuarios, el de Asturias es el segundo mejor portal de transparencia, superado sólo por el de Murcia.