El consejero de Presidencia y portavoz del Principado, Guillermo Martínez, ha informado esta mañana al Consejo de Gobierno de la posición que Asturias defenderá hoy en la Conferencia Sectorial de Igualdad, que a partir de las seis de la tarde se celebra en Madrid, presidido por el ministro de Sanidad, Bienestar Social e Igualdad, Alfonso Alonso. El Ejecutivo asturiano mostrará su rechazo a la contrarreforma de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva, que elimina la libertad de las mujeres de 16 y 17 años a interrumpir su embarazo, lo que supone un nuevo recorte de derechos. Asimismo, el Principado también denunciará los ajustes presupuestarios impuestos por el Gobierno de Rajoy a las políticas contra la violencia de género y de defensa de las víctimas.
El Gobierno asturiano, por segunda vez en una Conferencia Sectorial de Igualdad, va a introducir el debate de la reforma de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ante el oscurantismo practicado por el Ejecutivo central y su rechazo a facilitar información y debatir con los gobiernos autonómicos los cambios normativos.
La posición del Gobierno de Asturias no se ha modificado y mantiene su oposición a cualquier vulneración de los derechos de las mujeres. Por lo que exigirá explicaciones por la proposición del Grupo Parlamentario Popular que solicita la derogación del apartado 4 del artículo 13 de la vigente ley, que afecta al derecho de las mujeres de 16 y 17 años. Una modificación de esta trascendencia no puede ser abordada mediante una proposición legislativa, sino como una iniciativa gubernamental. Y con este ardid, el Ejecutivo de Rajoy evita la fiscalización de los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.
A juicio del Gobierno asturiano, la contrarreforma deja en la absoluta indefensión a las mujeres más jóvenes. Es incomprensible que una mujer de 16 o 17 años tenga la mayoría de edad sanitaria para decidir sobre una operación quirúrgica, un trasplante de órganos o cualquier otro tratamiento médico, pero se la excluya a la hora de decidir si quiere o no continuar con el embarazo.
Tal y como certifica una investigación de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, tan sólo en un 0,44% de los abortos que se realizan en España, las mujeres de 16 y 17 años no informan a sus familias. Y entre los motivos que alegan están los siguientes: desamparo familiar, familias desestructuradas, progenitores en prisión, riesgo en sufrir malos tratos, mujeres emancipadas que residen en España sin sus padres
Las políticas para atajar la violencia de género y ofrecer prestaciones a las víctimas son otro de los asuntos que serán abordados en la Conferencia Sectorial de Igualdad. El Gobierno de Asturias ha mantenido las partidas presupuestarias en esta materia, pese a los corsés impuestos por el Ejecutivo de Rajoy, mientras que el Ministerio de Sanidad e Igualdad aplica, otro año más, un nuevo recorte a la financiación de las medidas en favor de las personas que padecen la violencia de género.
El Gobierno asturiano insistirá en la restitución completa del Fondo de Asistencia Social Integral. Este año Asturias sufre un nuevo recorte, de 4.346 euros con respecto a 2014 que, si bien a priori no parece una disminución importante, si lo es si se suman todos los ajustes aplicados durante la legislatura. Con respecto a 2011se ha rebajado el 20,55%, al pasar de 200.000 euros a 152.335.
El Principado, por tercer año consecutivo, ha mantenido intactas las partidas destinadas a violencia de género, es decir ningún recorte a las políticas de violencia de género. Y por eso reclama el mismo esfuerzo por parte del Gobierno central.
El Consejero de Presidencia demandará explicaciones por la significativa bajada de la dotación presupuestaria asignada al grado de dispersión y ruralidad de los territorios, por el que en 2014 se repartieron 250.000 euros, mientras que este año se desplomó a 180.000 euros, una reducción del 38,8%. Fue un criterio que en la anterior Conferencia Sectorial el Principado valoró muy positivamente por incidir en las políticas para afrontar la crisis demográfica.
Como novedad, el Gobierno central va a poner en marcha un nuevo programa para la mejora de la coordinación y un plan personalizado de atención a víctimas de violencia de género. Asturias recibirá 63.344 euros y colaborará en las medidas de coordinación que sean necesarias, porque la mejora de la atención a las víctimas de violencia de género debe acometerse con una suficiente dotación presupuestaria. El Gobierno de Asturias no va a renunciar a un solo euro de los que asigne el Ejecutivo de España, pese a su insuficiencia, pero a la vez seguirá exigiendo que asuma los mismos esfuerzos presupuestarios a los que realizan las comunidades autónomas.