El Gobierno de Asturias ha presentado el protocolo sociosanitario para la promoción del buen trato y la detección e intervención ante el maltrato a personas mayores, una nueva herramienta elaborada por las consejerías de Servicios y Derechos Sociales y Sanidad, junto con los servicios sociales municipales. El objetivo es avanzar en derechos sociales hacia una sociedad más respetuosa e inclusiva, que preste atención a la diferencia entre las personas y a las situaciones de vulnerabilidad.
El trabajo se centra en las personas mayores y busca facilitar una intervención coordinada entre las administraciones y sistemas de protección. Además, profundiza en la sensibilización sobre la necesidad del buen trato a los mayores, así como de prevenir e intervenir ante cualquier abuso. En un escenario de envejecimiento creciente de la población, el protocolo busca conocer mejor este fenómeno. Su desarrollo se enmarca entre las medidas de coordinación sociosanitaria que el Principado ha impulsado esta legislatura y que están facilitando que profesionales de ambos sistemas trabajen en estructuras de coordinación permanentes.
El protocolo se testó entre noviembre de 2017 y el pasado junio, con la participación de 138 profesionales de centros sanitarios, residencias de mayores y servicios sociales municipales. A partir de ahora, se aplicará en toda la red pública regional y el seguimiento correrá a cargo de los órganos de coordinación sociosanitaria. Además, para favorecer su difusión se desarrollará un programa de formación a partir de noviembre.
La nueva herramienta, que ya está a disposición pública y se ha editado también en formato resumido para facilitar su manejo por parte de los técnicos, aborda todas las tipologías de maltrato (físico, psicológico, sexual, financiero, negligencia y abandono) y diferencia el ámbito social-comunitario, el relacional-familiar, y el institucional para mayores que viven en un centro residencial. Para cada uno de estos entornos, establece factores de riesgo y de protección y sugiere herramientas de intervención.
Durante el proceso de pilotaje se han abordado 34 casos en los que el perfil de la persona maltratada se corresponde mayoritariamente con una mujer mayor, vulnerable, de entre 80 y 90 años, con patologías propias de su edad, una pequeña dependencia, un leve deterioro cognitivo y que vive con un hijo varón de entre 45 y 55 años con el que las relaciones familiares previas eran conflictivas. El maltrato suele traducirse en negligencia en el cuidado y abuso económico.
Sensibilización y formación
La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha celebrado la elaboración de herramientas como el protocolo, que contribuyen a una mayor sensibilización y formación de los profesionales, al tiempo que favorecen la coordinación de recursos para garantizar la calidad de vida de las personas. Asimismo, ha agradecido el trabajo de los técnicos implicados en la elaboración del documento, que da respuesta a la necesidad de contar con herramientas útiles y contrastadas que permitan objetivar los casos para su tratamiento o prevención.
“Es una muestra de innovación social, que es una de las líneas que estamos impulsando desde la consejería con el fin de que los procesos de intervención social tengan una base científica y se establezcan a partir de experiencias contrastadas”, ha señalado.
Por último, ha animado a la sociedad a propiciar el buen trato a los mayores y a denunciar cualquier situación de maltrato.
Jornada de ética socio-sanitaria
El protocolo se ha presentado en una jornada sobre ética convocada con el fin de reflexionar sobre la intervención en el proceso de envejecimiento junto con 344 profesionales de la salud y los servicios sociales. En las mesas redondas han participado los presidentes de los comités de ética de ambas ramas de la atención en Asturias, Beatriz Pérez y Sergio Gallego, junto con especialistas en gerontología como Marije Goicoetxea, profesora de Bioética, Ética Profesional e Intervenciones en Psicología de la Salud de la Universidad de Deusto; Mayte Sancho, de Matia Instituto Gerontológico, y Pablo Ignacio Fernández Muñiz, miembro del comité nacional de bioética en España.