El Gobierno de Asturias ha concedido 1.152 ayudas extraordinarias al alquiler para tratar de paliar los efectos de la pandemia de la covid-19. Estas subvenciones, que suponen un gasto de 2,5 millones, permitirán a las personas beneficiarias abonar seis mensualidades de arrendamiento. Además, se estima que la financiación para estas ayudas pueda alcanzar los 7 millones de euros.
La subvención se satisface en un único pago y permite financiar el cien por cien de la renta mensual, desde abril a septiembre, con un máximo de 500 euros al mes. Los fondos se transfieren directamente al propietario del inmueble, para ofrecer seguridad al arrendador.
En total, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha recibido 7.420 solicitudes, de las que el 61% ya han sido valoradas. Así, al margen de las ya aprobadas, cuyo pago se está tramitando estos días, se han detectado otras 1.273 desfavorables y 2.139 más incompletas. En este último caso, se ha reclamado a los demandantes información adicional.
El Boletín Oficial del Principado (Bopa) publicó el 17 de abril, en pleno confinamiento, esta convocatoria para tratar de minimizar el impacto económico y social provocado por la crisis sanitaria. Por primera vez, las personas interesadas pudieron tramitar sus peticiones por formulario web. Esta posibilidad, junto con la agilidad de la propia convocatoria favoreció, por ejemplo, que en Asturias se presentasen el doble de solicitudes por habitante que en Valencia y hasta siete veces más que en comunidades como el País Vasco, Galicia o Aragón.
Ante este hecho, el Ejecutivo autonómico tuvo que crear un programa informático específico para la gestión de las ayudas, un trámite complejo que acumuló un retraso mayor del deseado en la revisión y valoración de expedientes.
Estas ayudas se complementan con otras medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de España y que, en conjunto, dan cobertura a las familias que viven de alquiler y se han visto afectadas por la crisis del coronavirus. En este sentido, destacan dos disposiciones:
– El Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que plantea la suspensión de los lanzamientos judiciales para hogares vulnerables hasta el 30 de septiembre y la prórroga extraordinaria y obligatoria de 6 meses de los contratos de arrendamiento de vivienda.
– El Real Decreto-Ley 26/2020, de 7 de julio, que establece que la prórroga extraordinaria y obligatoria de 6 meses del contrato de arrendamiento de vivienda regulada en el RDL 11/2020 puede ser exigida por el arrendatario hasta el 30 de septiembre; es decir, se obliga a prorrogar el contrato de alquiler hasta el 31 de marzo de 2021, evitando así lanzamientos judiciales.