El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de garantía de derechos y prestaciones vitales, que permitirá ordenar e integrar todas las ayudas destinadas a cubrir las necesidades básicas de personas en situación de vulnerabilidad. La norma persigue ofrecer una respuesta más ágil y coordinada por parte de las administraciones.
El texto legal pretende consolidar y mejorar el salario social básico, para lo que incluye medidas dirigidas a agilizar la prestación, exenciones para los ingresos provenientes del trabajo y de determinadas pensiones, y la actualización de los programas personalizados de incorporación social y laboral ligados a la renta mínima. Además, recoge complementos vitales con el fin de atender de manera diferenciada las nuevas necesidades, al tiempo que plantea apoyos adicionales para familias con menores y jóvenes, miembros con discapacidad y dependencia, o para el alquiler de vivienda, así como un complemento específico a las pensiones no contributivas para quienes viven solos.
Asturias se mantiene como la comunidad del régimen general con mayor cobertura de la renta mínima, con 22.585 familias beneficiarias a finales de septiembre. De ellas, 8.095 (35%) tienen menores a cargo, 3.595 (17%) cuentan entre sus miembros con personas con discapacidad o dependencia, y otro 8% dispone de ayuda al alquiler. Asimismo, cobran el salario social 1.700 perceptores de pensiones no contributivas que viven solos. Todos ellos pasarían a beneficiarse de los nuevos complementos vitales, lo que implicará menos cargas administrativas y mayor agilidad en el acceso a la prestación.
Por otro lado, la futura ley trata de asegurar la cobertura de las necesidades básicas de menores en acogimiento familiar y recoge las garantías jurídicas para abonar las compensaciones económicas de manera directa.
En el ámbito de la vivienda, aspira a garantizar el derecho de toda la población a un hogar digno y adecuado. Para ello, entre otras medidas, simplifica el procedimiento de concesión de ayudas, que pasarían a concederse de forma directa. En 2017, 6.650 familias recibieron apoyos al alquiler en régimen de concurrencia competitiva.
Además, el texto garantiza unos mínimos comunes en todo el territorio en relación con las ayudas de emergencia social que conceden las entidades locales y pone especial énfasis en la atención a la población infantil, así como en los apoyos para el acceso y mantenimiento en la vivienda y contra la pobreza energética.
Desde el punto de vista de la gestión, aspira a aumentar la agilidad en la concesión de prestaciones mediante la homogeneización de conceptos, el establecimiento de criterios comunes para la determinación de la capacidad económica de los beneficiarios y la modernización de procedimientos. En este sentido, prevé el uso de herramientas como la declaración responsable, la tramitación simplificada, el régimen de concesión directa para las subvenciones o la administración electrónica.