El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regula la inspección técnica para los edificios de viviendas de más de 50 años y se crea un registro autonómico para estos informes. La norma permite dar cumplimiento a la legislación básica estatal, dictada en 2011 y modificada en 2012 y 2015, que establece la obligatoriedad de someter a una revisión los inmuebles más antiguos con el fin de asegurar su calidad y sostenibilidad.
El decreto también favorecerá la planificación para la conservación y mejora de edificios, incentivará las obras de rehabilitación y facilitará las transacciones entre particulares, que dispondrán de información fiable para afrontar operaciones de alquiler o compraventa. Asimismo, la regulación contribuirá a aumentar la conciencia ciudadana respecto a la necesidad de mantener y conservar el parque edificatorio, con el propósito de garantizar la seguridad y evitar los costes sociales y económicos que provocan las construcciones ineficientes y con escaso mantenimiento.
La norma autonómica, que no endurece las condiciones establecidas por el Ejecutivo central en la legislación básica, recoge que los propietarios de edificaciones de más de medio siglo deben contar con un Informe de Evaluación de Edificios (IEE) favorable, expedido por profesionales competentes, que acredite que el inmueble cumple las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y conservación. Ese documento, que debe renovarse cada diez años, ha de presentarse ante la Dirección General de Vivienda antes de que venzan los plazos regulados por el Estado, es decir, antes de julio de 2018 en el caso de los edificios que cumplieron 50 años en 2013, antes de julio de 2019 para los que hicieron medio siglo en 2014, y así sucesivamente.
El decreto crea un registro público único para estos informes, adscrito a la Dirección General de Vivienda, con el fin de facilitar el acceso a la información y lograr mejor control administrativo y técnico. También establece para los ayuntamientos la obligación de elaborar en el plazo de un año un censo municipal de edificios en el que figuren su antigüedad y la fecha en la que deberán efectuar el primer IEE y sucesivos.
La normativa se ha sometido a un proceso de información pública y a la consideración del Consejo de la Vivienda y de la Comisión Asturiana de Administración Local. También cuenta con el dictamen del Consejo Consultivo.
Los costes para la elaboración del informe de evaluación de edificios se subvencionan en Asturias desde 2013, período en el que se han recibido 431 solicitudes. Para este año se reserva una partida de 70.000 euros, ampliable a 100.000.
Por otra parte, el Principado destinará este ejercicio 6,5 millones para subvencionar obras de rehabilitación edificatoria dirigidas a mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética. Estas ayudas permitirán sufragar parte de las actuaciones que las comunidades de vecinos deberán acometer o subsanar para cumplir con los requisitos del informe.