El consejero de Presidencia y portavoz del Principado, Guillermo Martínez, ha firmado esta tarde en Madrid un convenio con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para impulsar la mediación como fórmula alternativa y complementaria a los procesos judiciales habituales. El objetivo de esta apuesta por las alternativas pacíficas de resolución de conflictos es reducir la litigiosidad para agilizar la administración de justicia y reducir los costes económicos, tanto a la ciudadanía como a las arcas públicas.
El convenio ha sido suscrito por once de las doce comunidades autónomas con competencias en materia judicial. Junto al consejero de Presidencia de Asturias, estuvieron representantes de Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra, La Rioja y el País Vasco. Asistieron también a la firma del acuerdo el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, y la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés.
Asturias asumió hace nueve años las competencias económicas y de medios materiales en el área de la administración de justicia, que completó hace seis años con las del personal. Desde entonces, el Gobierno del Principado ha realizado una intensa labor para mejorar los equipamientos judiciales y ofrecer un servicio público de calidad a la sociedad asturiana. En este ámbito competencial se enmarca el convenio suscrito hoy, el primero en materia de mediación. Hasta la fecha se firmaron otros 17 acuerdos con el objetivo de seguir reforzando la calidad de la administración judicial en Asturias.
España asumió una directiva de la Unión Europea, que se sustanció en la Ley 2/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, en la que se establece que las administraciones públicas con competencias de medios materiales en justicia transferidas deberán favorecer la mediación como alternativa al proceso judicial, con especial promoción en la asistencia jurídica gratuita. Frente a los países de derecho anglosajón, la mediación es una asignatura pendiente en España. El mayor desarrollo se ha realizado en las jurisdicciones civil y mercantil. Concretamente en Asturias está en fase experimental en cuatro juzgados de Oviedo y Gijón, y ahora se trata de extenderlo también a los ámbitos penal, civil y laboral.
El objeto principal del convenio es impulsar la mediación, así como otras formas pacíficas de resolución de conflictos, alternativas y complementarias al proceso judicial a través de la colaboración interinstitucional. El convenio no tiene coste económico y el Gobierno del Asturias se compromete a realizar una detallada labor informativa a la ciudadanía en los edificios judiciales; incluir la mediación en el proceso de asesoramiento y orientación de la Asistencia Jurídica Gratuita; aportar espacios adecuados y medios materiales para su desarrollo; facilitar al CGPJ semestralmente informes; incluir en los planes formativos a empleados públicos la mediación, y crear los recursos necesarios para garantizar la viabilidad y aplicación del acuerdo.
Guillermo Martínez ha afirmado que la formalización del convenio “simboliza la necesidad de regularizar y generar cultura de la mediación judicial, una materia muy poco desarrollada tanto en España como en Asturias”, y ha mostrado su confianza en que este acuerdo “contribuya en el medio y largo plazo a una nueva mejora en la calidad de la justicia como servicio público”.