El Gobierno de Asturias ha habilitado en su portal de internet un espacio para facilitar la participación ciudadana en los procedimientos de elaboración de las normas de competencia autonómica. Este punto de acceso funciona desde principios de este mes y es de obligado cumplimiento para todas las consejerías y entidades instrumentales de la Administración regional.
Este procedimiento será aplicable a todos aquellos proyectos de leyes, decretos y reglamentos que deben someterse legalmente a los trámites de consulta, audiencia o información pública durante su elaboración.
Además de crear este enlace en el apartado de asuntos destacados de la web asturias.es con el título Consulta pública previa en proyectos normativa, el Consejo de Gobierno ha aprobado también las directrices que regulan el ejercicio de este derecho. De este modo, el Principado se convierte en la tercera comunidad autónoma, después de Andalucía y Aragón, que desarrolla una normativa específica sobre esta materia.
Desde el portal institucional se facilitará el acceso directo al espacio en asturiasparticipa.es, donde se gestionarán los trámites de consulta pública previa y audiencia e información pública.
Antes de la elaboración de un proyecto normativo, en la fase de consulta pública previa, se obtendrá información sobre los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa que se plantea, la necesidad y oportunidad de su aprobación, sus objetivos y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. La ciudadanía, las organizaciones y las asociaciones podrán realizar las aportaciones que consideren pertinentes.
La opción Audiencia e información pública tiene por objeto recabar la opinión de las personas afectadas por una disposición normativa ya redactada, así como obtener cuantas aportaciones puedan realizar otros ciudadanos o entidades. Además, recogerá un listado de las disposiciones normativas para las que se encuentre abierto este trámite y hará constar la fecha en que finaliza el plazo en cada caso.
Con esta medida, el Ejecutivo asturiano cumple con el derecho de participación de la ciudadanía en los procedimientos de elaboración normativa recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). Esta exigencia ya venía recogida en Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de 2013, en la que se instaba a las administraciones a facilitar la participación ciudadana en la elaboración de las normas.