El Gobierno del Principado de Asturias se ha declarado obligado por la Ley de Memoria Histórica y ha decidido pedir a los ayuntamientos de Gijón y Avilés retirada de simbología franquista. Además, el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha decidido abrir la posibilidad de que se puedan articular iniciativa populares en esta materia, para lo cual «se articulará un trámit3e de audiencia pública».
Así consta en una respuesta por escrito, realizada por el propio Martínez y a la que ha tenido acceso Europa Press, a una petición de retirada de simbología franquista realizada por Eduardo Ranz.
El dirigente asturiano deja claro que la citada norma impone a toddas las Administraciones Públicas y, por tanto, obliga también al Gobierno asturiano, a adoptar las medidas oportunas para retirar la simbología o los emblemas «que supongan exaltación de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».
En cualquier caso, Martínez señala que nada impide que pueda recabarse la «efectiva colaboración» de particulares para la localización e identificación de víctimas y también de símbolos «vetados por la ley», por lo que, señala, queda abierta a la iniciativa popular la posibilidad de realizar aportaciones en esta materia, para lo que se articulará un «trámite de audiencia pública».
El Gobierno asturiano está a la espera de contar con un «detallado mapa» de fosas existentes en Asturias y una relación pormenorizada de vestigios para retirar o eliminar. «Se instará a los diferentes ayuntamientos para que comuniquen a esta Consejería la concreta localización de los símbolos, emblemas o fosas que puedan existir en sus términos municipales».