La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha presentado hoy ante la Junta General las cuentas de su departamento para 2017, que ascienden a 392.008.992 euros, lo que supone un incremento del 8% en relación con las prorrogadas de 2015. Este presupuesto permitirá mantener el conjunto de prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales, apoyar a las personas con mayores dificultades y luchar contra la exclusión. En términos absolutos, el aumento es de 29.278.887 euros.
“Hemos elaborado este presupuesto con la firme convicción de contribuir a la cohesión social y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de Asturias, atendiendo a aquellas personas que tienen especiales dificultades: personas dependientes, con discapacidad; infancia sin protección, familias con escasos recursos económicos o personas sin hogar“, ha explicado Varela.
Algunas de las prioridades y datos más destacados del proyecto son los siguientes:
Salario social básico
La partida para salario social se eleva a 105 millones y consolida a Asturias como la autonomía de régimen común que mayor esfuerzo hace en esta materia. En 2017, el trabajo de la consejería irá ligado a mejorar la conexión con Empleo, a través de convenios con el Sepepa y el Sepe, y analizar el impacto de la prestación tras 10 años de vigencia. En cuanto a la gestión, se crearán seis puestos de trabajo para mantener la tramitación de la prestación en tres meses y agilizar las revisiones de expedientes. Hasta el 30 de octubre se revisaron 7.054, un 80% más que en el mismo periodo de 2015.
Prestaciones a personas de pendientes
Las ayudas para personas dependientes están dotadas con 32,4 millones, casi 4 más que el gasto ejecutado en 2015. Esta cantidad permitirá seguir incorporando al sistema nuevos beneficiarios de grado I, II y III. A 30 de octubre, Asturias contaba con 19.436 personas con prestación reconocida, lo que supone que 8 de cada 10 cuentan con este servicio, frente a la media nacional, situada en 7 de cada 10. Asimismo, el 96% de dependientes de grado I que pasaron a tener derecho el 1 de julio de 2015 ya forman parte del sistema.
Se incrementa también en 1,4 millones la partida para el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia, que se presta a través de una encomienda de gestión con los ayuntamientos, lo que permitirá atender a unas 4.400 personas dependientes en 2017.
Servicios sociales de proximidad
La asignación para el capítulo II, de 38,1 millones, supone un incremento global de 2.398.509 euros respecto a 2015 y mantiene los centros públicos y concertados, así como los programas de integración de las personas mayores y con diversidad funcional. Incluye fondos para el nuevo acuerdo marco en infancia y discapacidad, con el que se pretende mejorar las condiciones del acuerdo con entidades sociales.
Las cuentas recogen también un incremento de 360.000 euros para la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades (Fasad).
Plan concertado y apoyo a entidades
Los 28 millones asignados al plan concertado servirán para sostener un año más los acuerdos municipales, a los que el Estado aporta solo el 2,79%, e incluirá la partida destinada a luchar contra la pobreza energética. Las ayudas, que ascienden a 1.424.175 euros, permitirán apoyar a unas 4.000 familias.
Las cuentas de 2017 conservan el incremento de 120.000 euros para ayudas a asociaciones de personas con discapacidad.
Protección de los menores y las familias
Destaca el incremento del 26% en la cuantía destinada a las ayudas a los acogimientos familiares, que pasarán a contar con 1.341.000 euros frente al millón actual. El objetivo es fortalecer los programas de acogimiento en sus diferentes modalidades, especialmente para los más pequeños, y dar apoyo a las familias implicadas. Asimismo, se reservan 2.296.000 euros para apoyar a familias vulnerables con menores a cargo.
Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA)
También aumenta, en 5,4 millones, el presupuesto del ERA, que asciende a 122.368.999 euros. En el capítulo de inversiones, está prevista la finalización de las obras de reforma y ampliación del Centro Polivalente de Recursos (CPR) Naranco, la licitación de dos residencias en Lugones y Cangas de Narcea y actuaciones de conservación y mejora en los equipamientos existentes con una partida de 650.000 euros.
Asimismo, se crearán 152 plazas residenciales públicas: 34 en Sotiello (Moreda), 42 en el CPR Arriondas, 36 en El Nodo (Avilés) y 40 en Palacio de Villar, en Castrillón. En centros de día está prevista la ampliación de 13 puestos en El Nodo. Las plazas públicas sumadas a las que está previsto concertar con ayuntamientos y entes privados supondrán 202 puestos nuevos.
Actuaciones en vivienda
En 2017 se entregarán las 45 viviendas de Langreo Centro y se licitarán tres nuevas promociones con un total de 96 viviendas, en Oviedo (40), Siero (36) y Muros de Nalón (20). Los pliegos de estas construcciones incluirán varios criterios de valoración, además del precio.
Asimismo, se gestionarán 16,2 millones en ayudas directas, principalmente para alquiler y rehabilitación. En 2016, 5.146 familias se beneficiarán de los apoyos al arrendamiento, con un presupuesto de 6,8 millones.
Como novedad, las cuentas para el próximo ejercicio recogen una partida de 1,3 millones para llevar a cabo obras de accesibilidad y eficiencia energética, con el fin de mejorar la calidad.
En lo relativo a Vipasa, el presupuesto destinado a la reparación de viviendas se incrementa en 2017 hasta los 1,5 millones, un 50% más.
La consejería también mantendrá la colaboración con los ayuntamientos ante supuestos de desahucio y para evitar situaciones de infravivienda y de chabolismo.
Planificación, ordenación e innovación social
La dirección general que se encarga específicamente de la ordenación y planificación contará con 297.125 euros, dirigidos a la elaboración de trabajos y estudios, orientados a actualizar normas y a la mejora de la calidad del sistema.
La partida permitirá iniciar en 2017 el diseño de un sistema de información integrado y un Observatorio Asturiano de Servicios Sociales. A este departamento le corresponderá también la redacción de una Estrategia de Envejecimiento Activo, que es una de las líneas de trabajo impulsadas como Sitio de referencia europeo, o un protocolo de prevención, detección e intervención ante situaciones de maltrato a personas mayores, actualmente en elaboración