Las entidades conservacionistas consideramos un despropósito el Plan del Lobo aprobado, sin tener en cuenta las propuestas ambientales por tanto sin consenso alguno.
Todos los indicadores, ya sean sociales (número de explotaciones afectadas, de ganado y de ganaderos afectados), como económicos (efecto en la renta, tanto de los ganaderos afectados, como sobre el sector en su conjunto) señalan que los daños de la fauna salvaje y de los lobos en particular NO afectan a la viabilidad del sector ganadero en Asturias. Teniendo en cuenta, además, que el sector está fuertemente subsidiado con fondos públicos, consideramos que NO se puede aseverar que un factor (el lobo) que afecta a menos del 1% de la cabaña y a apenas al 5% de las explotaciones sea un problema para el desarrollo de las explotaciones agrarias. Por tanto, consideramos que el planteamiento, el diagnóstico, sus actuaciones y herramientas del presente borrador de plan han de ser profundamente modificadas.
El desarrollo del Plan se basa en dos herramientas que acumulan la práctica totalidad de los esfuerzos económicos y humanos para su ejecución: 1) el PAGO de DAÑOS, y 2) los CONTROLES de POBLACIÓN. Ambas son deficientes, y están suponiendo de hecho un incremento de la conflictividad que se pretenden solventar.
El sistema de PAGO de los DAÑOS que ha aplicado el Principado en los últimos 25 años, y que es el mismo que se pretende en el nuevo Plan, se presta a conductas poco responsables en el manejo del ganado extensivo, e incluso en ocasiones, a la estafa y al fraude, como lo demuestran las actuales investigaciones en trámites judiciales. Existen a su vez numerosos síntomas de que los daños reclamados por los ganaderos y efectivamente compensados por la administración regional están sobredimensionados. El actual sistema de peritación de los daños es arbitrario y obsoleto, y conduce a su vez a numerosas irregularidades. Todo ello está derivando en una ineficaz gestión de las aportaciones de los contribuyentes.
Consideramos que insistir únicamente en un sistema de pago de daños directos tiene además graves efectos en la gestión y conservación de la naturaleza en general, y de los lobos en particular, porque no contribuye a minimizar la conflictividad por supuestos daños. En todo caso, abogamos, por condicionar las compensaciones por daños a compromisos verificables de manejo de ganado (y en este sentido la inversión anunciada en prevención ha de ligar esas cuantías a compromisos concretos de los ganaderos y evaluables por parte de la administración pública) y reemplazar progresivamente las indemnizaciones por daños, por remuneraciones asociadas a la implantación de medidas de conservación concretas sobre la población de lobos (y sobre otros componentes de la fauna silvestre).
Los CONTROLES POBLACIONALES, tal y como hemos manifestado en múltiples ocasiones en el marco del Comité Consultivo, son inaceptables tanto desde un punto de vista ético, como técnico o científico. Desde un punto de vista científico, la eliminación generalizada, en este caso en forma de controles de población, de predadores clave suponen efectos en cascada al conjunto del ecosistema en que estos viven, con graves consecuencias para la salud y vitalidad de los propios ecosistemas.
Desde un punto de vista técnico, cada vez más evidencias ponen de manifiesto que los controles de población pueden conducir a mayores tasas de predación a ganado, y por tanto a generar o incrementar aquellos problemas que se pretenden solventar. Esto parece desprenderse de diferentes estudios realizados en nuestra región y también en otras poblaciones de lobos del mundo. La administración del Principado no ha ofrecido nunca evidencias de que está reduciendo la predación sobre el ganado mediante los controles de población de lobo. La vaguedad e indefinición de los criterios utilizados a priori para establecer los controles de población supone un grado de arbitrariedad inaceptable en un documento que se supone de carácter técnico (ver por ejemplo, http://loboiberico.com/2014/09/14/criterios-control-letal-asturias/)
Desde un punto de vista ético, los controles de población son por definición, una herramienta para reducir el tamaño de la población eliminando ejemplares de forma indiscriminada y no selectiva (incluyendo cachorros), estén o no involucrados en episodios de predación al ganado. Los controles de población suponen, por tanto, una herramienta que implica lo que podríamos definir como xenofobia ambiental.
Por último, consideramos que la pretensión de que los cazadores participen en los controles no es admisible desde un punto de vista técnico, jurídico y social. Resulta evidente, que al no haber sido declarado el lobo como especie cinegética, no existe acción de cazar y en consecuencia, no nos encontramos ante una acción cinegética. Los cazadores, en el transcurso de actividad cinegética, sólo están habilitados para ejercer acciones de caza, pero no otras, para las que no tienen capacidades ni técnicas ni jurídicas. La pretensión de que los cazadores ejerzan controles de población en el transcurso de cacerías en las Reservas de Caza, tal y como pretende el actual del plan, esté fuera de lugar desde un punto de vista técnico y jurídico. Del mismo modo, que guardas de cotos realicen controles de población en sus áreas de actuación es inaceptable desde un punto de vista jurídico y social.
En síntesis, la conjunción de falsas premisas, errores de diagnóstico, desarrollo de herramientas que conducen a abusos en fondos públicos y a mala gestión de los recursos naturales, convierten el plan de gestión del lobo en un instrumento legal sustentado sobre principios inconsistentes, tanto desde un punto de vista técnico, como social, económico y ambiental.
Alberto Fernández Gil, como vocal por las entidades conservacionistas en el Comité Consultivo del lobo en el Principado de Asturias.