El Congreso de los Diputados rechazó con 41 votos a favor, 294 en contra y 7 abstenciones tomar en consideración una proposición de ley de Podemos para elevar desde el 4,8% al 10% el impuesto sobre los intereses y comisiones de los bancos. Habían avanzado su rechazo el PP, Vox y el PNV, y en la votación el PSOE se sumó a los votos en contra.
La iniciativa, primera proposición de ley que lleva al Pleno Podemos tras abandonar el grupo parlamentario de Sumar, modificaría el artículo 2.4 de la ley 38/2022 para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.
Podemos entiende que el 4,8% establecido como gravamen temporal a la banca «se vuelve una medida insuficiente para redistribuir las ganancias de la gran banca para toda la población y cubrir sus necesidades básicas», y cita como ejemplo que «con los 1.200 millones de euros recaudados del impuesto a la banca en el año 2023 harían falta 50 años para recuperar los 60.000 millones del rescate».
Por eso, pretendía subirlo al 10% y, además, gravar otro 75% de los beneficios extraordinarios obtenidos en 2023 respecto al primer semestre de 2022, considerando como tales los que superaran el 5%, «sin que la cuantía abonar pueda resultar inferior, en ningún caso, al 50% del beneficio bruto obtenido en el periodo de referencia».
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, presentó la iniciativa rememorando que, cuando era ministra, ya advirtió de los riesgos de la subida de tipos de interés, y aseguró que los bancos españoles ganaron en 2023 literalmente “más que nunca” subiendo las hipotecas, porque aprovecharon “para sacar tajada”. La cuestión, señaló, es “qué hace un Gobierno” ante esta situación, si como el Gobierno de Mariano Rajoy o, ”como consiguió Podemos” la pasada legislatura, “equilibrando los costes”.
Ahora, quiso interpretar, “si Podemos no tiene la fuerza política y social suficiente para torcerle el brazo al Partido Socialista”, resulta que el PSOE y el PP “defienden intereses muy similares”, facilitando lo que dio en llamar una ”estafa bancaria” y un “robo a mano armada” por parte de ”Ana Patricia Botín y sus secuaces” para repartir dividendos. “¿Para qué quieren tanto dinero?”, preguntó con vehemencia. “Le están robando el dinero a la gente”. Y, ante las protestas de las bancadas del PP y Vox, espetó a ambos grupos parlamentarios: “Sois unos lamebotas del poder”.
Por eso, pidió el voto para esta proposición e invertir el dinero en política social, porque sin política fiscal no será posible. A partir de ahí fue imaginando usos sociales para los beneficios que obtuvieron distintos bancos españoles el año pasado. Finalmente, sentenció que el actual Gobierno está ”poco más que calentando el sillón” y “no gobierna”, y llamó al Congreso, en su defecto, a “ocuparse de los problemas reales de los españoles”.
FIJACIÓN DE POSICIÓN
El diputado del PP Miguel Ángel Paniagua replicó que los beneficios antes de impuestos de la banca son similares a los de hace 16 años, y atribuyó la pérdida de votos de Podemos a que el PSOE, según él, parece cada vez más un partido comunista y populista. Rechazó el “sablazo a las entidades de crédito” en el que sintetizó la iniciativa, después de dárselo a “la mayor parte de la población”, advirtió de que los impuestos a la banca tienen consecuencias en los clientes para mantener su solvencia y competitividad, y preguntó a Podemos si quiere que las haya, dado que el impuesto les gravaría con unos 1.600 millones de euros al trimestre.
En representación del PSOE, Pedro Casares reprochó a Belarra que, en el Gobierno, no le dijera ”casi nada” a la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, lo que intentaron desmentir con gestos vehementes la aludida y los otros diputados de Podemos. Tras presumir de la política económica actual frente a la de los gobiernos del PP, lo hizo también de los beneficios de la banca y avisó de que al PSOE no le temblará el pulso con los impuestos a la banca, pero se limitó a reiterar que se estudiará la pervivencia del actual, sin mojarse sobre la iniciativa de Podemos, a la que finalmente los socialistas votaron en contra.
Por Vox, Pablo Sáez Alonso-Muñumer disputó que Podemos considere unilateralmente como beneficios extraordinarios de la banca los que superen en más de un 5% los del año anterior. Calificó la proposición de “poco trabajada” y “demagógica” y criticó que subir impuestos crea inseguridad jurídica, expulsa la inversión y perjudica la oferta de crédito a pymes y autónomos, lo que le parece “una irresponsabilidad”. Finalmente, alertó de una posible doble tributación e invitó a Podemos a suprimir todas las subvenciones públicas que no rindan beneficio y no sólo recordar el rescate a la banca.
En nombre de Sumar, su portavoz adjunta segunda, la diputada de Compromís Águeda Micó, reivindicó que gracias a Sumar se ha mantenido el gravamen inicialmente temporal a la banca, por lo que prometió su apoyo a la propuesta. Aprovechó que Compromís ya defendió en 2013 un impuesto así (es decir, un año antes del nacimiento de Podemos), para arremeter contra el PP, al que acusó de “robar por encima de nuestras posibilidades” y de estar “al servicio del capital”, y para denunciar la infrafinanciación de su Comunidad Valenciana.
La diputada de ERC Inés Granollers se remontó a la crisis financiera de 2008 para denunciar sus efectos sobre ciudadanos que no tenían alternativa y ahora están “estigmatizados” ante la banca, la cual sigue con “comportamientos abusivos”, también contra sus empleados, pese a sus beneficios récord. Eso sí, sugirió que, si la iniciativa, a la que garantizó su apoyo, saliera adelante, los recursos obtenidos de los bancos deberían transferirse a las comunidades autónomas competentes.
Oskar Matute, de EH Bildu, también avanzó su voto a favor y admitió que había que vigilar la posible invasión competencial que acababa de denunciar la diputada del PNV Idoia Sagastizábal, pero rechazó agarrarse a ella para rechazar su toma en consideración y afeó a ese partido no hacer uso de las competencias exclusivas del Gobierno vasco. Coincidió con el enfoque de Belarra y añadió que habría que reformar también que las rentas del trabajo sigan cotizando proporcionalmente más que las del capital, y también “remover viviendas vacías”.
La mencionada Sagastizábal recordó que ya hay un decreto para modificar el impuesto vigente que se tramita como proyecto de ley, al que Podemos sólo ha presentado una enmienda con un 9,6% y no un 10% de gravamen, por lo que atribuyó la iniciativa a “populismo” y “marketing”. Además, acusó a la navarra Belarra de invadir competencias del País Vasco y de su comunidad, lo que aprovechó para acusar en castellano y en euskera a sus rivales electorales de Sumar y Podemos de ir contra el autogobierno en plena campaña de los comicios del día 21.