El Congreso ha aprobado tramitar una ley para rebajar los límites a partir de los que el exceso de velocidad se considera delito en ciudad y carretera.
El Pleno del Congreso aceptó este martes con 176 votos a favor, 33 en contra y 138 abstenciones tramitar una proposición de ley que plantea rebajar los excesos de velocidad a partir de los cuales se considera delito contra la seguridad vial, concretamente circular más de 50 km/h de lo permitido en ciudad y de 70 km/h en carretera.
Esa iniciativa, presentada por el PSOE, inicia su recorrido parlamentario, primero en el Congreso y después en el Senado.
La proposición de ley orgánica plantea modificar el artículo 379 del Código Penal, que establece ahora como delito superar el límite de velocidad en al menos 60 km/h cuando se circula con un vehículo de motor o ciclomotor en vías urbanas y en 80 km/h en carreteras.
Esos excesos de velocidad tienen castigo penal, concretamente pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, no conducir vehículos a motor y ciclomotores entre uno y cuatro años.
Pues bien, la iniciativa propone rebajar esos umbrales de velocidad en 10 km/h, de manera que dejaría de considerarse infracción administrativa para pasar a ser delito contra la seguridad vial ir más de 50 km/h de lo permitido reglamentariamente en ciudad y más de 70 km/h en carretera convencional, autopista o autovía.
El debate de la toma en consideración de esa propuesta tuvo lugar esta tarde con la presencia de Pilar Rosanes y su marido en la tribuna reservada al público. Su hijo Josep, de 20 años, murió en 2020 tras ser embestido con su moto por un coche cuyo conductor iba a más de 120 km/h en una curva limitada a 70 km/h. Ese conductor fue condenado a dos años de cárcel pero no ingresó en prisión al carecer de antecedentes penales.
“MUY SIMPLE”
Juan Carlos Pérez, del PSOE, defendió la iniciativa desde el atril de oradores del hemiciclo. Las portavoces de Sumar, PNV y Coalición Canaria desvelaron expresamente su apoyo, en tanto que la de Esquerra comentó que no obstaculizaría su tramitación y anunció que presentará enmiendas.
Pérez se dirigió expresamente hacia la bancada del PP y Vox para pedirles que no tumbaran la iniciativa como hicieron la semana pasada con la rebaja de la tasa de alcohol al volante porque la propuesta castigará a los “conductores temerarios” y “salvará vidas”.
“Lo que hoy propone el Grupo Socialista es muy simple. Si en una vía de 50 vas a más de 100, es delito. Si en una vía de 90 vas a más de 160, es delito. Si en una autopista vas a más de 190, es delito. Prisión, multa o trabajos comunitarios. No estamos endureciendo las penas o las que hay, pero queremos rebajar el umbral de la velocidad”, resumió.
Fernando de Rosa, del PP, criticó que el PSOE presente una proposición de ley en lugar de que el Gobierno lo haga como proyecto de ley y que la iniciativa carezca de informes del Ministerio de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal.
Además, censuró que la proposición de ley tenga “graves defectos formales y de fondo”. “Jurídicamente, es un error lo que ustedes plantean”, comentó.
Francisco José Alcaraz, de Vox, indicó que “todas las iniciativas” del PSOE sobre seguridad vial en el Congreso persiguen “recaudar” y “responsabilizar al conductor como único responsable de todos los accidentes”.
Laura Vergara, de Sumar, destacó que un 22% de los siniestros mortales por tráfico en 2024 se debieron a una velocidad excesiva o inadecuada y recalcó que reducir los umbrales de circulación permitida supone, además, ahorrar combustible y reducir las emisiones contaminantes y el ruido.
“NO ES SUFICIENTE”
Inés Granollers, de Esquerra, comentó que “no es suficiente” reformar el Código Penal porque el exceso de velocidad es “un problema estructural y la seguridad vial no se construye solo con sanciones”.
Marta Madrenas, de Junts, reconoció que la proposición de ley no recoge plenamente las demandas de Pilar Rosanes y entidades de víctimas de tráfico, pero supone “una toma de conciencia” para “corregir” situaciones de exceso de velocidad que no son punibles.
Nerea Renteria, del PNV, apostó por “no simplificar” y debatir sobre qué impacto real tendrían los nuevos umbrales de exceso de velocidad que sean considerados como delito.
“No se trata de castigar, se trata de proteger. Son millones de personas a las que debemos proteger por encima del castigo que pueda suponer a quien de manera consciente comete un exceso de velocidad”, indicó Cristina Valido, de Coalición Canaria.