El Pleno del Congreso ha aprobado la Proposición de Ley de reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la aplicación del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Entre otras medidas, la reforma prevé reforzar la formación y especialización de los profesionales que trabajan en este ámbito para asegurar una adecuada respuesta judicial.
Ello supondrá que tanto en la fase teórica de formación multidisciplinar de las carreras judicial y fiscal, como en la formación continua anual, se incluirá el estudio en profundidad de las materias que integran el principio de no discriminación y de igualdad de mujeres y hombres, y en particular, de la legislación que rige en la lucha contra la violencia sobre la mujer en todas sus formas. Asimismo, se capacitará a los profesionales en la aplicación de la perspectiva de género en la interpretación y aplicación del Derecho. Estos criterios se aplicarán también a las pruebas selectivas para el ingreso y promoción en ambas carreras.
Además, se propone una modificación en la ley para introducir pruebas de especialización en materia de violencia sobre la mujer cuando se concurse a una plaza en juzgados especializados, para lo que será preciso acreditar que se ha participado en actividades de formación continua con perspectiva de género.
La reforma apuesta también por la revisión de la planta judicial para la especialización de los juzgados de lo penal, de manera compatible con otras materias, o de manera exclusiva en aquellas localidades en las que lo exija el volumen de asuntos. El objetivo es mejorar la respuesta que desde las instituciones se da a la violencia machista y reforzarla con los recursos personales especializados que aportan otras instituciones como la fiscalía, la abogacía, el Instituto de Medicina Legal y las Unidades Integrales de Valoración Forense. En la actualidad, solo 26 juzgados de lo penal de los 345 existentes están especializados en violencia de género.
Asimismo, se insta a estudiar y a impulsar, en su caso, por parte del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas competentes, la habilitación de dependencias en los juzgados que impidan la confrontación de la víctima con su agresor en aquellos procesos relacionados con agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual.
Finalmente, se prevé que sea el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, el organismo encargado de evaluar los datos provenientes de los juzgados de violencia sobre la mujer y de otros juzgados no específicos en relación con esta materia, con los que se elaborará un informe anual que se remitirá al Congreso para su seguimiento.