(EUROPA PRESS) La Mesa del Congreso ha admitido este martes a trámite la primera propuesta de reforma constitucional planteada esta legislatura por un parlamento autonómico, concretamente una iniciativa de la Junta General del Principado de Asturias que plantea cambiar la Carta Magna para ampliar la participación ciudadana y cuyo primer debate en el Pleno de la Cámara Baja podría tener lugar antes de que finalice este año.
Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el órgano de gobierno de la Cámara ha decidido calificar el texto aprobado el pasado 19 de septiembre por el Parlamento asturiano como una reforma constitucional, lo que no impedirá que el Pleno del Congreso la debata como el resto de proposiciones de ley enviadas por Cámaras autonómicas.
Estas iniciativas procedentes de las comunidades se debaten según su orden de llegada al Congreso –con excepción de las que plantean reformas estatutarias que tienen prioridad– y habitualmente se reserva para su debate la primera sesión plenaria de cada mes.
La reforma constitucional impulsada por el Parlamento asturiano tiene por delante una iniciativa del Parlamento vasco, para incorporar a Álava el Condado de Treviño, que iba a haberse debatido el pasado mes de septiembre, pero que al final fue aplazada a petición de la Cámara de Vitoria. Así las cosas, la propuesta asturiana podría debatirse en noviembre o en diciembre.
HAY DOS ESPERANDO
En lo que va de legislatura en el Congreso se han presentado dos propuestas de reforma constitucional ambas promovidas conjuntamente por la Izquierda Plural y el Grupo Mixto, aunque ninguna ha llegado a debatirse en el Pleno del Congreso. Una busca revocar el artículo 135 que introdujeron el PP y el PSOE en 2011 para garantizar la estabilidad presupuestaria, y la otra persigue reforzar la participación política y el pluralismo en el régimen electoral.
El texto asturiano, aprobado por PSOE, IU y UPyD y que recibió los votos en contra de PP y Foro Asturias, promueve la reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución Española, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana en las leyes de consulta, tanto a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) como del Referéndum.
Aunque fue formalmente por IU, la proposición de ley tiene su origen en una iniciativa de la plataforma ‘Democracia directa’, que logró recabar 7.500 firmas en apoyo al texto.
INICIATIVAS POPULARES SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES
En concreto, sus promotores persiguen cambiar el apartado 3 del artículo 87 de la Constitución para que las iniciativas legislativas populares (para cuya presentación se requiere un mínimo de 500.000 firmas) puedan versar sobre derechos fundamentales, al contrario de lo que ocurre ahora.
Según la legislación actual, estas iniciativas surgidas de la sociedad civil no pueden afectar a materias tributarias o de carácter internacional o relativas al indulto. El texto asturiano defiende incluir también en esta lista los Presupuestos Generales del Estado.
Respecto al artículo 92 de la Constitución, apuestan por modificarlo para que las «decisiones políticas de especial trascendencia» se puedan someter a consulta popular (a la que llaman plebiscito en lugar de referéndum consultivo) sí así lo demanda un mínimo de «quinientos mil electores», además de si lo pide, como ocurre ahora, el presidente del Gobierno previa autorización del Congreso. En cualquier caso tendrá que ser convocado por el Rey.
También abren la puerta que se pueda someter a referéndum «la derogación de leyes en vigor, cuando así lo soliciten ante la Mesa del Congreso de los Diputados quinientos mil electores». El resultado del referéndum, según la iniciativa asturiana, será vinculante «cuando haya participado en la votación la mayoría de quienes tengan derecho a hacerlo y haya sido aprobado por mayoría de los votos válidamente emitidos».
Y, al igual que con las iniciativas legislativas populares no se podrán someter a referéndum asuntos relacionados con «materias tributarias, presupuestarias o de carácter internacional», ni relacionadas con la prerrogativa de gracia.
A LA VEZ QUE LAS ELECCIONES
La proposición de ley del Parlamento asturiano también establece que «el plebiscito y el referéndum se realizarán en la misma fecha que los procesos electorales de ámbito nacional siempre que coincidan con el mismo año» y que una ley orgánica tendrá que regular «las condiciones y el procedimiento del plebiscito y de las distintas modalidades del referéndum previstas en la Constitución».
El cambio que proponen en el artículo 166 sobre la reforma de la Constitución tiene un carácter meramente técnico. Así, demandan que quede redactado como sigue: «La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en el artículo 87».