El CGCEE ha registrado un escrito en la Junta Electoral Central (JEC) para trasladar su «profunda preocupación» por las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo a la llamada ‘ley de nietos’, que forma parte de la Ley de Memoria Democrática aprobada por Pedro Sánchez.
Este órgano colegiado de carácter consultivo y asesor adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, expresa su «profunda preocupación» ante «las consecuencias que la aplicación de las medidas cautelares acordadas produce sobre el ejercicio efectivo del derecho de sufragio de la ciudadanía española residente en el exterior».
El escrito, al que ha tenido acceso Servimedia, solicita a este órgano que tenga en consideración, en el ejercicio de sus funciones de dirección y supervisión de la Oficina del Censo Electoral y en cuantos informes o actuaciones deba emitir en relación con esta materia, los datos aportados que desmontan que exista un «peligro fundado, real y serio», tal y como sostiene el alto tribunal, derivado del incremento del Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA).
Así, el CGCEE defiende en su escrito la inexistencia de automatismo entre la adquisición de la nacionalidad y la inscripción censal, la pluralidad de vías de alta en el CERA, la tendencia histórica de crecimiento del censo exterior muy anterior a la Ley 20/2022, y los niveles reales de participación electoral del electorado exterior.
Asimismo, solicita a la JEC que, en el ámbito de sus competencias, vele por que la aplicación de las medidas acordadas se lleven acorde a la CE, evitando que las actuaciones sobre el censo electoral produzcan, de facto, la privación del ejercicio del derecho de sufragio de ciudadanos españoles no incursos en ninguno de los supuestos legalmente previstos.
También apela a la reflexión ante una posible desigualdad de trato que la aplicación de estas medidas, privarles del derecho a voto, podría generar y pide preservar el ejercicio del derecho de sufragio de la ciudadanía en el exterior en los mismos términos que el de la ciudadanía residente.
Desde la CGCEE instan a la Oficina del Censo Electoral el establecimiento, «con la mayor celeridad y claridad posibles», de los procedimientos, plazos y cauces de información dirigidos a las personas afectadas, y en particular en lo relativo a la certificación consular individualizada prevista en los propios autos, de modo que ninguna persona se vea privada del ejercicio de su derecho por desconocimiento de su situación censal o por falta de un cauce practicable para acreditar su condición.
Por último, solicitó que la JEC tenga en cuenta a este órgano, en su condición de representación de la ciudadanía española en el exterior «para cuantos estudios, informes o aclaraciones sobre el funcionamiento real del censo electoral exterior pueda considerar de utilidad».
CONSIDERACIONES
Este organismo expone algunas consideraciones desarrolladas en las diez hojas de este escrito, para que reconsidere la medida cautelar impuesta por el Supremo a la llamada ‘Ley de nietos’. Desde este órgano defienden que la inscripción en el CERA no es automática ni deriva por sí sola de la adquisición de la nacionalidad y que su incremento no puede atribuirse de manera íntegra a la Ley de Memoria Democrática, entre otras razones.
Asimismo, sostiene que el hecho de que la medida alcance únicamente al censo exterior de españoles evidencia que «lo afectado en la práctica no es la validez del título de nacionalidad, sino el acceso al voto de un colectivo delimitado exclusivamente por su lugar de residencia», con lo que supone una desigualdad, según apunta. Y destaca que «las personas afectadas por las medidas cautelares son ciudadanos y ciudadanas españolas que no incurren en ninguno de los supuestos legalmente previstos de privación del sufragio».
Por último, recuerda que «la ciudadanía en el exterior no debe verse afectada por planteamientos que cuestionen con carácter general el ejercicio de derechos reconocidos legalmente».
(SERVIMEDIA)