Madrid, 12 jun (dpa) – El «caso Nóos» hizo temblar los cimientos de la monarquía española y sumió al rey Juan Carlos I en una crisis de imagen que lo llevó a abdicar en su hijo Felipe en junio de 2014.
La familia real española se vio vinculada a la palabra corrupción especialmente tras la imputación de la infanta Cristina, hija mediana de Juan Carlos y hermana del actual monarca español, Felipe VI.
Tras sentarse en febrero de 2016 en el banquillo de los acusados junto con su marido, Iñaki Urdangarin, fue absuelta.
Urdangarin, ex jugador profesional de balonmano, fue condenado a seis años y tres meses de prisión por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y dos delitos contra el fisco.
La Justicia española investigó los negocios que hizo entre los años 2003 y 2006 al frente del Instituto Nóos, una organización vinculada al mundo del deporte y en teoría sin ánimo de lucro que el ex deportista creó junto con Diego Torres, uno de los profesores que había tenido en un máster en negocios.
A ambos, imputados por el juez José Castro, se los acusó de haberse apropiado de casi seis millones de euros de dinero público, cifra que procedía sobre todo de contratos con los gobiernos regionales de las Islas Baleares y de Valencia (este).
El caso se resume básicamente en el supuesto aprovechamiento del prestigio de la Casa Real por parte de Urdangarin y de su socio para lograr suculentos contratos adjudicados a dedo.
Los servicios se contrataban por precios desorbitados, muy por encima del coste real, y también se facturaban servicios ficticios. Que Urdangarin fuera el yerno del entonces rey de España fue la clave de ese trato de favor, según el juez.
El «caso Nóos» es una de las piezas separadas que salieron del «caso Palma Arena».
Las irregularidades de Urdangarin aparecieron cuando el juez Castro investigaba cómo se dobló el coste de la construcción de un centro polideportivo, un caso por el que el ex ministro y ex jefe del gobierno regional balear Jaume Matas fue ya juzgado y condenado.
Un alto porcentaje de esos casi seis millones de euros presuntamente malversados por Nóos acabó en empresas privadas de los dos socios.
Una de las sociedades en las que más dinero entró por supuestos trabajos encargados por el instituto fue Aizoon, de la que Cristina era copropietaria junto con su marido. Cristina formaba parte también de la junta directiva del Instituto Nóos.
El juez la consideró sospechosa de haber sido «cooperadora necesaria» en dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido. La infanta pidió ser absuelta alegando que firmó «sin pedir explicaciones» los escritos que le presentó Urdangarin.
En diciembre de 2015, el magistrado mandó a ambos al banquillo de los acusados junto con otras 15 personas, entre ellas algunos ex funcionarios del Gobierno regional de Baleares. El juicio arrancó en enero de 2016 y duró casi seis meses, hasta el pronunciamiento del tribunal en febrero de 2017.