La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Ana González, ha señalado hoy que su departamento ha iniciado el procedimiento para revisar de oficio el contrato a la empresa Cook Gastronomía Integral S.L, que presta el servicio de comedor y vigilancia en dos centros educativos de Oviedo, por existir una causa que impide a esta empresa contratar con la administración pública debido a que su administrador único, José Antonio Martínez, ostenta el cargo de diputado en la Junta General del Principado.
“No se ha producido la rescisión de ningún contrato, se ha iniciado un expediente y se ha dado traslado del inicio del expediente a la empresa para su conocimiento. A partir de aquí comienza la tramitación legal donde lógicamente habrá un plazo de alegaciones para que la empresa pueda argumentar lo que considere oportuno”, ha explicado.
González, que ha hecho estas declaraciones antes de participar en la presentación de un libro sobre la cueva de Candamo, ha insistido en que la Consejería tuvo conocimiento de una supuesta incompatibilidad de este diputado para contratar con la administración pública el pasado 24 de septiembre, a raíz de un informe (con fecha de 12 de septiembre) de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, máximo organismo del Ministerio de Hacienda para la interpretación de la Ley de Contratos. “De acuerdo con ese informe hay una causa que impide que un diputado contrate con la administración pública”, ha aclarado.
Debido a que el informe de Hacienda advierte de que el contrato con esta empresa es nulo por tener condición de diputado su administrador único, el departamento que dirige Ana González inicia una revisión de oficio, de la que se ha dado traslado al interesado esta semana con el fin de preservar sus derechos. “Una vez que la Consejería tiene conocimiento del dictamen de este organismo de Hacienda, no tiene más remedio que actuar e iniciar el expediente de revisión de oficio de este contrato”, ha asegurado.
En cuanto a las acusaciones de una posible vinculación entre la dimisión de la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, y el inicio de este expediente, la consejera de Educación ha insistido que los trámites comienzan en el mes de septiembre y ha advertido de que el Principado no puede obviar lo que indica el Ministerio de Hacienda y que, por tanto, ha de cumplir con la legislación vigente.
“Lo que se ha trasladado esta semana al interesado es el inicio de la apertura del expediente a la empresa, pero antes de iniciarlo hemos tenido que estudiar una serie de informes en los que efectivamente se deriva que puede haber una causa de incompatibilidad”, ha señalado.
La consejera ha recordado que el contrato con la empresa se firmó en 2012 cuando ésta accedió a prestar este servicio a través de un concurso público. Y ha advertido de que los servicios administrativos del Principado no tenían conocimiento de que su administrador tuviera la condición de diputado.
La responsable de Educación ha informado de que se va a mantener el servicio de comedor en ambos centros educativos hasta la resolución, si procede, del contrato y ha explicado que la propia Ley de Contratos prevé que en estas situaciones se mantenga el servicio hasta que haya un nuevo adjudicatario.
Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz
En cuanto a las protestas de determinadas familias sobre el inicio de las obras de ampliación en el centro educativo Juan Rodríguez Muñiz, en Las Campas, la consejera ha advertido de que la mayoría de miembros de la Asociación de Madres y Padres del colegio y el profesorado está de acuerdo con que se inicien los trabajos y ha recordado que la ampliación es necesaria para dar cobertura a los niños del barrio.
“Es una zona en expansión en la que necesitamos generar 75 plazas y, si no las tenemos, tendremos que desplazar a los niños. No es la primera obra que hacemos estando los niños en el centro”, ha dicho. La consejera también ha insistido en que se tomarán todas las medidas de seguridad necesarias.