Dos funcionarios del Principado de Asturias admitieron este lunes haber certificado obras en Puerto de Vega por importe de más de 110.000 euros, cuando en realidad sólo se habían ejecutado trabajos por valor de 21.000, y todo ello por no haber actuado con la diligencia necesaria y no haber comprobado que efectivamente las obras se habían llevado a cabo en los plazos pactados.
Tras reconocer los hechos, los acusados admitieron una condena de multa y suspensión de empleo o cargo público durante 9 meses. La conformidad de los acusados fue ratificada este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo.
La acusada es una funcionaria del Principado de Asturias y suscribió en junio de 2007 un proyecto técnico de dragado en roca en el canal de acceso al puerto de la localidad de Puerto de Vega con un presupuesto de 159.542,63 euros y un plazo de ejecución de 45 días. En el seno del procedimiento, se designó como director de obra al otro acusado, que también era funcionario público del Principado de Asturias en la fecha de los hechos.
Tras el oportuno expediente administrativo, la obra fue adjudicada por importe de 156.900 euros, por medio de resolución del Consejero de Fomento de 1 de octubre de 2007, celebrándose el contrato con la Administración el 25 de octubre de 2007. La obra debía ejecutarse en un plazo de 45 días.
Pese a que la obra no se ejecutó en su totalidad, los acusados, el 31 de julio de 2008, emitieron un acta de recepción en la que se declaraba que las obras habían finalizado y se encontraban en buen estado con arreglo a las prescripciones previstas, sin adoptar la más mínima diligencia para comprobar si esto era así o no.
Así, la acusada emitió la certificación de obra efectuada en fecha 30 de noviembre de 2007 por importe de 62.329,86 euros y la certificación de obra efectuada en fecha 28 de diciembre de 2007, por importe de 49.187,06 euros, y el acusado emitió las certificaciones de obra de enero a mayo de 2008 por importe de 0 euros, la certificación de obra efectuada en fecha 30 de junio de 2008 por importe de 1.955,17 euros, así como la certificación final efectuada en fecha 27 de noviembre de 2008 por importe de 0 euros, certificando entre los dos un total de 113.472,10 euros, cuando en realidad solo se habían ejecutado obras por valor de 21.000 euros, todo ello debido a un actuar no diligente por su parte.
Los hechos fueron considerados un delito continuado de falsedad documental de los artículos 390.1 y 391 del Código Penal. Cada uno de los acusados asumió una condena de 9 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros (1.620 euros en total) y suspensión de empleo o cargo público durante 9 meses, junto con el pago de las costas procesales.