La senadora de FORO, Rosa Domínguez de Posada, aprovechó el debate de una Moción socialista para una estrategia de transición justa destinada a los colectivos y espacios vulnerables, para explicar cuáles son las cuestiones prioritarias para FORO en materia de energía: “El compromiso con el carbón es una constante en las acciones políticas de nuestro partido, defendiendo lo mismo en Madrid y en las cuencas mineras asturianas. Se aproxima la fecha del punto final a la minería del carbón que tiene como principal protagonista al Comisario Almunia y al gobierno socialista, estableciendo 2018 como fecha final de la minería, algo que FORO nunca compartió y contra lo que vamos a seguir luchando”.
“La protección de nuestro único combustible fósil autóctono es una prioridad”, subrayó Domínguez de Posada, que reiteró que “el Gobierno cuenta con nuestro apoyo para dar continuidad a la minería del carbón y a la alianza de España con otros países europeos que promueven políticas en idéntico sentido”.
Respecto al cierre de las centrales térmicas, la senadora de FORO se quejó: “Que nadie se engañe, que Iberdrola haya anunciado el cierre de Lada y Velilla es consecuencia directísima de la moción energética aprobada hace poco más de un mes en el Congreso y que contó con el respaldo de Podemos, PSOE y Ciudadanos. Votan aquí, en Madrid, una cosa y luego dicen otra en Asturias o Castilla y León, echándole la culpa a los demás”.
Para Domínguez de Posada, “el cierre de las térmicas tendría unos costes sociales de gravísimo calado en forma de pérdida de puestos de trabajo, de desertización industrial y de penalización a la competitividad de las industrias de consumo electro intensivo radicadas en Asturias, algunas de las más importantes del país. El cierre de las térmicas acabará repercutiendo en el recibo de la luz de las familias, comercios y empresas”.
“Necesitamos un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible tanto en lo referente al resultado del mercado eléctrico como a los costes regulados y carga fiscal. Reclamamos la aplicación en España del estatus del consumidor electro-intensivo reconocido por la Unión Europea”, finalizó.