La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha solicitado hoy mediante escrito enviado a la Fiscalía General del Estado que el Ministerio Público le informe sobre las diligencias abiertas en los tribunales por agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otro tipo de institución religiosa.
La petición se enmarca en el artículo 9.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que establece que la fiscal general del Estado «informará al Gobierno, cuando éste lo interese y no exista obstáculo legal, respecto a cualquiera de los asuntos en que intervenga el Ministerio Fiscal, así como sobre el funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia».
En su escrito al organismo que dirige María José Segarra, la ministra Delgado recuerda que el Consejo de Ministro aprobó en primera vuelta el pasado 28 de diciembre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia «cuyo objetivo es otorgar una mayor protección a niños, niñas y adolescentes frente a cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional».
El documento subraya que uno de los aspectos de ese anteproyecto es la reforma de las agresiones y los abusos sexuales cometidos a menores. Esa modificación cambia el régimen de prescripción de estos delitos para que el plazo empiece a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años y no a los 18 como actualmente.
Delgado justifica esos cambios por los «efectos especialmente graves para el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas que los sufren, efectos que perduran durante gran parte de su vida adulta». También señala que su objetivo es «garantizar que el perjudicado o perjudicada haya alcanzado suficiente madurez para vencer la vergüenza y el miedo que generan estas execrables agresiones y pueda afrontar con solvencia la denuncia de los hechos y el proceso penal al que, en su caso, dé lugar».
Por último, el escrito refleja cómo, en los últimos meses, los medios de comunicación han divulgado numerosos casos de supuestas agresiones sexuales cometidos en el seno de congregaciones e instituciones religiosas, instituciones que, en muchos casos, han contribuido a la ocultación de esos delitos y «a la protección de los victimarios».
Esas informaciones periodísticas han generado «una importante alarma social» y «una fuerte demanda para que este Gobierno aborde este fenómeno», explica la ministra Delgado en su escrito a la fiscal general.