La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha anunciado hoy su dimisión por su vinculación a la empresa Develco, administrada por su marido y de la que posee el 19,8 por ciento, a pesar de no haber «vulnerado la ley» ni «intentado esquivarla»,
Durante su comparecencia ante la Comisión de Presidencia del Parlamento asturiano, Díaz ha remarcado que no es una «corrupta» y que no ha «robado» ni utilizado sus cargos «en beneficio de empresa alguna», pero ha considerado que ya se ha «dictado sentencia» para su «descrédito» en relación a su vinculación a la sociedad.
«Hoy no quiero ser un obstáculo y a la vista del escarnio público anuncio que presentaré mi renuncia al cargo», ha anunciado Díaz, quien ha dicho que dice adiós «con frustración y dolor» pero con la satisfacción de «salir con la cabeza «alta» y de «poder mirar a los ojos» a sus vecinos.
«Podré haberme equivocado pero no he robado», ha manifestado la consejera, quien ha recordado que su participación en la empresa Davelco figuraba en la declaración de su patrimonio, publicado en el portal de Transparencia del Principado.
Díaz ha negado haber incurrido en «incompatibilidad» con la legislación actual, ya que ha sostenido que empresas suyas o de sus familiares «no han sido adjudicatarias directas» de contrataciones con las Administraciones públicas, y ha precisado que siempre ha actuado de manera transparente.
«El alquiler de maquinaría no puede considerarse como una subcontrata», ha declarado Díaz, que ha reconocido que su vinculación al accionariado de Davelco, en el que también figura su marido, figuraba en su declaración patrimonial.
«Se estaba esperando el momento oportuno para disparar sobre mí», ha dicho Díaz, que ha estructurado las explicaciones ofrecidas en la Junta en tres etapas, repartidas en su periodo de abogada previo a la entrada en política y los dos siguientes, una como alcaldesa de Langreo y otra al frente de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.
Sobre la empresa Davelco, que tiene como objeto el alquilar de maquinaria y otros útiles para la construcción pública, y Aldaco, participada por Davelco desde 2002, ha reseñado que ambas han tenido una evolución «similar» en los últimos años en los que han entrado en pérdidas.
Desde 2003 a 2010, la consejera de Bienestar Social ha afirmado que no ha tenido «ningún ingreso» al margen de su actividad pública.
En su relato ha mencionado los trabajos realizados por Davelco para distintas obras y equipamientos, cuyos montantes ha cifrado en el 0,23 por ciento del total de la facturación en el caso del geriátrico de Felechosa; el 0,02 % en El Musel; el 0,27 % en la AS-17 y el 1,42 % en el nuevo estadio de Ganzábal.
Esther Díaz, quien ha considerado que con su renuncia deja de ser un «blanco fácil» y un «ariete de desgaste» a su partido, ha agradecido al presidente del Ejecutivo, Javier Fernández, y al Consejo de Gobierno porque le hayan «permitido manejar este asunto» con la estrategia que la titular de Bienestar ha estimado oportuna.
Instantes antes de abandonar la sala, de la que se retiró con un beso a los diputados, ha reiterado que no ha incurrido en «ilegalidades ni prohibiciones para contratar», que ha realizado su actividad «con honestidad», sin beneficiarse de herramientas, lo que «podía haber hecho», y ha insistido en que consideraba que estaba «dentro de la ley».
La portavoz de Foro, Cristina Coto, ha sostenido que Díaz debió haber tomado «hace tiempo» la decisión de dimitir, si bien Javier Fernández «nunca debiera haberla elegido tras ver su declaración de bienes», y ha dicho que su renuncia pone fin a una «sucesión de incumplimientos legales» en una situación en la que «no falta legislación, la hay y abundante, pero se ha tomado por ‘el pito del sereno'».
El diputado del PP Fernando Goñi ha sostenido que Díaz «se ha equivocado» y ha añadido que pone fin a la «polémica» cuando «posiblemente podía estar en una causa de incompatibilidad».
Además, ha apuntado que «algo ha fallado» y que son «necesarios mayores filtros» para poner soluciones de cara al futuro, entre las que ha planteado crear una comisión del estatuto del diputado.
Aurelio Martín, de IU, ha pedido que los políticos «den ejemplaridad», y ha entendido que Díaz ha tomado la decisión «correcta», ya que «no se pueden mezclar los niveles de quien otorga los contratos con la contratación».
El diputado del Grupo Mixto, Ignacio Prendes, ha señalado que Díaz «se ha equivocado al no declarar sus intereses», por lo que su dimisión era la «única salida que le quedaba» ante el «silencio atronador» por parte del presidente del Principado en un momento en el que «la ética y la estética tienen que ser parejas».
Judit Flórez, del PSOE, ha enmarcado la explicación ofrecida por la consejera de Bienestar Social desde «la coherencia y la responsabilidad», con un nivel de respuesta «tan alto que a algunos debería de darles vergüenza haber generado algunos discursos».
Sobre el incumplimiento de la ley de Buen Gobierno regional ha advertido de que se trata de un proyecto y que «no existe ningún principio que determine que un proyecto de ley es vinculante».