Managua, 16 jun (dpa) – A dos meses del estallido de las protestas en Nicaragua, el Gobierno y la opositora Alianza Cívica lograron destrabar un diálogo nacional para intentar resolver la crisis, con la firma de acuerdos que las partes calificaron de satisfactorios.
Fue necesaria una sesión de casi diez horas para que saliera “humo blanco” del Seminario Nacional de Fátima, sede del diálogo. No obstante, deberán pasar muchas más horas para conocer si ambos bandos cumplen lo pactado y el presidente Daniel Ortega ordena cesar la violencia policial y procede a la disolución de los grupos paramilitares.
Según el acuerdo, el Gobierno debe invitar con carácter de urgencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACDH), para que un grupo de expertos internacionales pueda investigar sobre el terreno las denuncias de violaciones de los derechos fundamentales y hallar a los culpables de los crímenes ocurridos desde el 18 de abril.
Además, se urge la presencia de una misión de la Unión Europea y de Luis Almagro, secretario general de la OEA, para apoyar junto a la OACDH y la CIDH el trabajo de una Comisión de Verificación y Seguridad que se formará este sábado con representantes del diálogo nacional para promover “un ambiente de paz y seguridad” en el país.
Uno de los delegados del sector privado, Juan Sebastián Chamorro, dijo que la Alianza Cívica estaba “muy satisfecha” por los acuerdos, que asegura abren la puerta a la discusión de dos temas fundamentales para salir del atolladero: los derechos humanos y la democratización del país.
“Creemos que es un hito de suma importancia la venida al país de estas organizaciones internacionales, que le puedan dar confianza al trabajo de defensa de los derechos humanos”, expresó.
Chamorro destacó que el acuerdo pone en agenda temas de democratización que Ortega se negaba a ventilar: la legitimidad de un Poder Judicial dominado por el oficialismo, la depuración de un desprestigiado tribunal electoral, el respeto a la pluralidad política, la restitución del derecho a la elección por circunscripción popular, la no reelección y el adelanto de los comicios presidenciales de noviembre de 2021 para marzo de 2019, entre otros.
El periodista Carlos Fernando Chamorro, conocido crítico del Gobierno, señaló que el adelanto de las elecciones supone un golpe demoledor para el cual los partidarios del gobernante Frente Sandinista “no están preparados”.
“La disposición de Ortega a acortar su período de Gobierno y mostrar disposición para convocar a elecciones anticipadas, equivale al inicio de un terremoto político para el que no están preparados, pues hasta antes del 18 de abril sólo contemplaban la sucesión dinástica”, consideró.
No obstante, llegar a unos comicios anticipados requerirá sin duda de muchas negociaciones con el oficialismo, sobre todo por tratarse de un tema clave para Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Así lo reconoció el dirigente estudiantil Lésther Alemán, quien advirtió que antes de adelantar elecciones se deberá tener «desmontado» el actual sistema electoral y “depuradas” varias desacreditadas instituciones del Estado.
Si bien la mayor celebración provino de la acera opositora, también los dos principales negociadores del Gobierno, el canciller Denis Moncada y el diputado oficialista Edwin Castro, dijeron sentirse satisfechos.
Para ellos el principal logro fue la promesa de un retiro gradual de los “tranques” (bloqueos de carretera) instalados por los adversarios de Ortega en más de 140 puntos del país y cuyo desmontaje será supervisado por la Comisión de Verificación.
Al respecto, la líder del movimiento campesino, Francisca Ramírez, se mostró inflexible y consideró que los “tranques” no deben desaparecer mientras Ortega y Murillo continúen en el poder.
“Los ‘tranques’ son nuestra herramienta de lucha, nuestra fortaleza y la garantía de nuestras vidas y las de nuestras familias”, escribió Ramírez en las redes sociales.
No obstante, Juan Sebastián Chamorro aseguró que los tranques serán “desmontados paulatinamente” conforme se vayan dando garantías de paz. Se presume que al mismo tiempo se disolverán los grupos paramilitares que han aterrorizado al país en las últimas dos semanas.
Los delegados del Gobierno no respondieron a los periodistas que insistieron en preguntar cuándo disolverá el Gobierno a los temibles paramilitares, cuerpos que junto a la Policía practican detenciones, allanamientos y ejecuciones extrajudiciales, un fenómeno inédito en la Nicaragua reciente, que la propaganda oficial vendía como “el país más seguro de Centroamérica”.
Consultado por dpa, el economista Adolfo Acevedo manifestó su preocupación por las consecuencias que esta crisis deja al país en temas de seguridad, además de los gravísimos daños a la economía que ya se calculan en más de 1.000 millones de dólares, sin incluir la estampida del turismo y la inversión extranjera.
“Será muy difícil que la economía se recupere mientras no se logre reconstruir la confianza pública en las instituciones nacionales, pero más complicado será frenar la violencia. Nos queda como herencia nefasta el sicariato, el paramilitarismo y el crimen organizado”, advirtió.
Por Johnny Cajina (dpa)