El diputado del Partido Popular David González Medina, portavoz de Educación, ha exigido al Gobierno regional socialista, en el Pleno de la Junta General, que aclare de una vez el daño económico provocado en las arcas públicas por el robo y el saqueo sistemático llevado a cabo en el «caso Marea » o Caso Riopedre», el mayor escándalo de corrupción de la región protagonizado por dirigentes y altos cargos socialistas.
Medina afirmó que, tal y como solicitó el PP, «quien debería estar compareciendo es el presidente del Principado y sceretario general del PSOE, Javier Fernández, que sigue sin dar a los asturianos ningún tipo de explicación, aclaración y, particularmente, disculpa, por el robo del dinero de la Educación, es decir, del futuro de Asturias”. «Vemos que en lugar de dar la cara prefiere que la den otros por él, todo un estilo de liderazgo», añadió.
El diputado popular indicó que esta falta de explicaciones es especialmente lamentable “porque la pregunta que se hacen los asturianos es si se han aplicado los mecanismos necesarios para que no se vuelva a repetir este caso de corrupción escandaloso”.
“Se ha conocido, a través de la sentencia, que este saqueo se produjo por el descontrol anárquico en la Consejería de Educación, con facturas que no aparecían, albaranes y firmas falsificadas, material que nunca llegaba y situaciones que hicieron que ratones de ordenador costaran 200 euros, que se pagaran por pupitres más de mil euros o por armarios más de 3.500”, subrayó.
El parlamentario del PP señaló que los máximos responsables de la Consejería de Educación se aprovecharon del “pasotismo de los socialistas de aquel entonces, de los socialistas de ahora y de los socialistas que quieren estar”.
González Medina denunció que el daño económico causado se deja ver año tras año “con todas las deficiencias y limitaciones de la Educación en Asturias, con un curso que se inicia sin todos los profesores necesarios, una Consejería incapaz de acabar las obras pendientes desde hace años, especialmente en la escuela rural, de acabar con los barracones, de pagar lo que debe a la enseñanza concertada o incapaz de dar respuesta a las peticiones de las familias, como la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años y de los libros de texto”.