Schleswig (Alemania), 21 may (dpa) – El recorrido judicial en Alemania del ex jefe del Gobierno catalán Carles Puigdemont podría despejarse a lo largo de esta semana, cuando se espera que la Fiscalía de Schleswig-Holstein dé a conocer si finalmente opta por solicitar la entrega del político separatista a España.
A punto de cumplirse los dos meses de la detención del líder independentista en territorio germano, el Ministerio Público guarda silencio y evita revelar la fecha exacta de su decisión, aunque mantiene el próximo 24 de mayo en su punto de mira.
Ése es el día en que expira el plazo de 60 días recomendado para responder a una petición de extradición dictada en virtud a una orden de detención europea por los delitos de rebelión y de malversación de fondos públicos por la organización del referéndum de independencia ilegal celebrado el pasado 1 de octubre en Cataluña.
En caso de que la Fiscalía germana, en base a la nueva información aportada por los fiscales españoles durante un encuentro en la ciudad holandesa de la Haya, estime que existen suficientes pruebas como para solicitar la entrega de Puigdemont a España, el balón pasaría a estar en el tejado del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein.
Este órgano sería el encargado de decidir si da o no luz verde a la solicitud, es decir, si cumple o no con las pretensiones del juez español Pablo Llarena. De autorizar la extradición, los abogados del ex presidente catalán todavía podrían recurrir al Tribunal Constitucional germano para frenar su puesta a disposición de la justicia ibérica.
Otra posibilidad sería que la Fiscalía de Schleswig-Holstein se inclinase por no pedir al Tribunal la entrega de Puigdemont al entender que no existen pruebas constitutivas de delito o que alegue defectos formales en la causa, lo que supondría un gran revés para los tribunales y el Gobierno en Madrid.
Esta opción se erige como plausible sobre todo después de que la semana pasada la Justicia belga rechazase la entrega a España de tres ex consejeros del Gobierno catalán procesados por delitos vinculados al plan independentista en la región al considerar que la orden de detención cursada por España no cumplía los requisitos de forma para ser ejecutada.
Según el abogado de los tres políticos, Jaume Alonso-Cuevillas, el problema fue que la orden europea de detención debe ir acompañada por una orden de detención nacional, algo que al parecer no ocurrió en este caso y no ocurre tampoco en el de Puigdemont.
De ser así, la Justicia alemana podría aplicar el mismo criterio y rechazar en los próximos días su entrega a España.
Puigdemont fue detenido en el norte de Alemania el pasado 25 de marzo cuando cruzó la frontera con Dinamarca procedente de una conferencia que había ofrecido en Finlandia. La Justicia española había emitido previamente una euroorden de detención ya que el político estaba siendo investigado por el referéndum soberanista celebrado en octubre en Cataluña, que el Tribunal Constitucional español declaró ilegal.
Tras la correspondiente petición de entrega por parte de la fiscalía alemana, el Tribunal Superior del estado federado de Schleswig-Holstein decidió, sin embargo, dejar a Puigdemont en libertad bajo fianza tras descartar el cargo de rebelión, el más grave que se le imputaba.
A la espera de que la Fiscalía alemana dé un paso, Puigdemont reside en Berlín y debe presentarse una vez a la semana ante la Policía alemana. Además, tiene prohibido abandonar la potencia europea.
Sus abogados esperan ahora que la fiscalía alemana presente una segunda petición de extradición por corrupción y malversación de fondos públicos por la celebración del referéndum de autodeterminación ilegal, como argumenta la Justicia española.
Sea cual sea la decisión final de la fiscalía y de los jueces de Schleswig-Holstein, la última palabra sigue siendo del Gobierno que encabeza la canciller Angela Merkel, según subraya el abogado alemán de Puigdemont, Wolfgang Schomburg.
El reputado letrado, en una entrevista exclusiva con dpa lamentó recientemente el «silencio atronador» del Ejecutivo alemán.
En opinión del jurista, habría sido más lógico que el Gobierno de la canciller Angela Merkel hubiese examinado de antemano el caso para posteriormente aclarar si daría luz verde por principio a la entrega de una figura como la de Puigdemont.
De otra forma, y según Schomburg, se corre el riesgo de que la justicia se convierta en un «juguete» de la política, porque, pese a todas las evocaciones a la independencia de los jueces, la diplomacia sigue teniendo la última palabra.
Por Birgitta von Gyldenfeldt y María Prieto (dpa)