(Europa Press) – Las ONG Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han lanzado este jueves serias críticas contra Naciones Unidas y las autoridades del Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) por no estar haciendo «lo suficiente» para hacer rendir cuentas a los responsables de la violaciones contra los Derechos Humanos, tras cumplirse ya una década del histórico Informe de cartografía de la ONU de RDC en octubre de 2010.
Este informe documentó más de 600 violaciones graves contra los DDHH y el Derecho internacional humanitario entre marzo de 1993 y junio de 2003 en RDC.
Con el fin de evaluar la capacidad del sistema judicial de Congo para abordar de la mejor manera todos estos crímenes, el texto presentó una serie de recomendaciones y reformas, las cuales no han sido tomadas en cuenta, dejando así impunes la mayoría de los delitos documentados.
«La falta de identificación y puesta en marcha de mecanismos adecuados para proporcionar justicia y reparación ha dejado a miles de víctimas y sus familias indefensas», ha denunciado el director regional de AI para África Oriental y Meridional, Deprose Muchena.
«Como consecuencia, sigue reinando una impunidad generalizada en Congo y en la región en general, lo que contribuye a la repetición de homicidios y otros delitos graves», ha ahondado Muchena.
Ambas organizaciones han defendido que el presidente de RDC, Felix Tshisekedi, deber colocar la lucha contra la impunidad como eje central de su Gobierno y «tomar medidas significativas para responsabilizar a los responsables de estas violaciones, presentes y pasadas, contra los Derechos Humanos».
Naciones Unidas encargó este proyecto de cartografía de Congo tras hallar en 2005 tres fosas comunes en la provincia de Kivu del Norte, en el este del país. Dicha investigación describe graves violaciones y concluye que la mayoría de los abusos documentados fueron calificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
«Todas las violaciones y abusos documentados en el informe fueron cometidos por una serie de actores, incluidos ejércitos extranjeros, grupos rebeldes y fuerzas del Gobierno congoleño, en oleadas de violencia que asolaron el país entre 1993 y 2003», recuerdan desde AI y HRW.
Aunque ha habido «esfuerzos» para investigar y enjuiciar delitos graves, y el Tribunal Penal Internacional (TPI) abrió en 2004 diligencias para hallar a los responsables de los crímenes cometidos en RDC a partir del primero de julio de 2002, gran parte de las mayores violaciones se cometieron antes de esa fecha.
Si bien el TPI condenó a tres líderes rebeldes por las atrocidades cometidas en la provincia de Ituri, en el norte de RDC, entre 2002 y 2003, el Alto Tribunal no cuenta con los casos que abordan la responsabilidad de altos funcionarios políticos y militares durante el conflicto.
«El Informe de cartografía de la ONU sigue siendo un poderoso recordatorio de los crímenes cometidos en Congo, la impactante ausencia de justicia y las consecuencias de la impunidad», ha aseverado el investigador principal de este país africano para HRW, Thomas Fessy.
«Diez años después, las autoridades congoleñas y los socios internacionales deben tomar medidas serias para fortalecer el sistema de justicia nacional y establecer un mecanismo internacionalizado que garantice una justicia creíble e independiente para los crímenes pasados y presentes», ha cerrado.
