Coparmex advierte que la reforma a la Ley de Amparo permite embargos y bloqueos fiscales sin fallo judicial, afectando la seguridad jurídica de las empresas.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la reciente reforma a la Ley de Amparo abre la puerta a que las autoridades fiscales ejecuten embargos, bloqueos de cuentas y cancelaciones de sellos digitales sin resolución judicial previa.
Según la organización empresarial, la medida supone un retroceso en la protección legal de las empresas y compromete la continuidad de sus operaciones.
En un pronunciamiento difundido el 15 de octubre, el presidente de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, afirmó que la modificación “erosiona la confianza y frena la inversión”. “Cuando la ley deja de proteger con certeza y legalidad, el empleo se estanca y la inversión se retrasa”, señaló.
El organismo destacó que esta reforma forma parte de un conjunto de cambios judiciales que alteran el equilibrio institucional y reducen el control de los jueces sobre los actos de la autoridad. Entre las disposiciones más preocupantes, mencionó la restricción para suspender el acto reclamado, incluso en asuntos fiscales, lo que permitiría ejecutar sanciones sin que un tribunal analice antes su legalidad.
Coparmex también alertó sobre el efecto retroactivo de algunas cláusulas, que podrían afectar casos ya en curso. Según el comunicado, esto vulnera el principio de seguridad jurídica y limita el acceso a la justicia, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
Otra de las observaciones de la organización se centró en la nueva definición de “interés legítimo”, que considera más restrictiva. Este cambio, explicó, impide a asociaciones, cámaras y colegios representar a grupos amplios de la sociedad, debilitando la defensa de derechos colectivos.
En el plano operativo, la confederación señaló que la reforma encarecerá los procesos al exigir que cada persona o empresa tramite su propio amparo, lo que podría sobrecargar los tribunales y generar desigualdad entre grandes corporaciones y pymes.
“La reforma elimina la posibilidad de proteger a los contribuyentes frente a actos arbitrarios o desproporcionados”, indicó la entidad. A su juicio, la consecuencia inmediata será un entorno jurídico más incierto y una reducción en la liquidez de las empresas afectadas.
Coparmex concluyó que esta modificación envía señales negativas a los inversores, justo cuando México busca aprovechar los beneficios del T-MEC y del proceso de relocalización de cadenas productivas.
“El país debilita su competitividad cuando cambia las reglas sin generar consenso”, subrayó el organismo empresarial.
Con información de NotiPress.