Solo tres de los once senadores designados firmaron en Colombia la ponencia del Presupuesto General de la Nación 2026, generando incertidumbre en el Congreso colombiano.
El trámite del Presupuesto General de la Nación 2026 avanza en medio de tensiones políticas y falta de consenso. Solo tres de los once senadores encargados de suscribir la ponencia firmaron el documento que habilita el segundo debate en el Congreso, un hecho poco habitual dentro del proceso legislativo colombiano.
La propuesta define una asignación total de 546,9 billones de pesos para la próxima vigencia fiscal. Los firmantes son John Jairo Roldán y Claudia Pérez, del Partido Liberal, y Aída Avella, del Pacto Histórico. La ausencia de ocho ponentes despertó atención en medios y redes, al reflejar una fractura interna en las bancadas que participan en la discusión presupuestal.
Durante el primer debate, celebrado el 24 de septiembre, las comisiones económicas conjuntas aprobaron el monto total tras acordar una reducción de 10 billones de pesos frente a la propuesta inicial del Ejecutivo (556,9 billones). El recorte evitó recurrir a un decreto presidencial, como ocurrió con el presupuesto de 2025.
El documento, entregado a las presidencias de las comisiones económicas —Enrique Cabrales y Jairo Castellanos—, proyecta que el gasto total representará el 28,9% del PIB colombiano. De esa cifra, el 19% corresponde a gastos de funcionamiento, el 5,3% al pago de la deuda y el 4,6% a inversión.
Por el lado de los ingresos, el 16,5% del PIB proviene de ingresos corrientes, el 9,5% de recursos de capital y el 1,5% de contribuciones parafiscales. En paralelo, el Gobierno impulsa la reforma tributaria 3.0, con la que espera recaudar 26,3 billones de pesos adicionales.
Entre las medidas de financiación destacan nuevos gravámenes al consumo de licor, juegos de azar y eventos de entretenimiento, así como aumentos graduales del IVA sobre gasolina y diésel. También se prevén incrementos en la carga impositiva a los sectores financiero y minero, junto con modificaciones al régimen tributario de las rentas altas y los activos digitales.
El proyecto contempla, además, la eliminación de ciertos beneficios fiscales y la ampliación del IVA al turismo, dentro de un esquema diseñado para cubrir el déficit fiscal y sostener la inversión pública.
La plenaria del Senado deberá ahora decidir si aprueba el texto tal como fue presentado o si introduce cambios sustanciales. El resultado marcará la distribución de los recursos nacionales para 2026 y podría definir el rumbo de la política fiscal en los próximos años.
Con información de NotiPress.