CCOO ha defendido hoy la necesidad de regular las viviendas de uso turístico y que las normativas que los gobiernos de las comunidades autónomas están empezando a elaborar sean «lo más homogéneas posibles» y sirvan de base para llegar a un «gran consenso, cuanto antes, con todas las partes implicadas.»
En un comunicado, el sindicato señala que es «urgente» acabar con situaciones alegales que suponen una «competencia desleal» para aquellas empresas que apuestan por «la oferta reglada, el empleo de calidad y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales, tanto en lo económico como en lo social».
Según denuncia CCOO, la oferta clandestina supone aproximadamente unas 300.00 plazas al año en el conjunto del Estado. Por ello, defiende la necesidad de una normalización, acorde con una realidad turística de calidad, que permita el afloramiento y la regulación de aquellas actividades que carecen de cobertura legal desde la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en 2013.
Esta norma, que llevaba vigente desde el año 1964, permite una regulación sectorial en cada comunidad autónoma. La citada modificación limita el arrendamiento de viviendas vacacionales y apartamentos turísticos por parte de particulares, al vincular la regulación de este tipo de alojamientos a la legislación turística de las comunidades autónomas.
Ahora bien, en caso de no existir dicha normativa, a estos alojamientos se les aplicará el régimen de los arrendamientos de temporada, que se mantiene en la modificación de la LAU.
IMPULSARÁ UN PACTO.
El sindicato señala que impulsará un pacto con el Gobierno central, las CC.AA., las asociaciones empresariales representativas del sector turístico y el sindicato UGT para regular las viviendas turísticas en España.
Asimismo, considera «imprescindible» dotar a la Inspección de Trabajo de más medios para que puedan reforzar su labor de detección de servicios turísticos clandestinos y velar por el cumplimiento de la normativa turística.
Finalmente, también aboga por la formación tanto para los responsables como para los empleados, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y, por tanto, la relación precio-calidad-servicio.