El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, se han reunido esta mañana con representantes de las diferentes asociaciones de jueces y fiscales para analizar sus reivindicaciones en cuanto a las condiciones del ejercicio profesional y retribuciones, así como las propuestas normativas y presupuestarias impulsadas por el Ministerio de Justicia.
El ministro les ha trasladado la voluntad del Gobierno de escuchar sus demandas, analizar sus propuestas y buscar posibles soluciones a las mismas, para lo que es necesario, les ha recordado, aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para poder dotar de más recursos a la Justicia, así como aprobar las reformas legislativas que se encuentran en trámite en el Parlamento.
De las 14 propuestas para la mejora de la Justicia que las asociaciones aprobaron, Catalá ha señalado que 10 de ellas están ya en trámite y en proceso de aprobación. El resto de estas medidas está siendo objeto de estudio igualmente. Así, ha subrayado que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el restablecimiento de las condiciones que regían antes de la crisis en materia de permisos y licencias está en trámite parlamentario y el Ejecutivo ha propuesto incrementar la objetivación en los nombramientos discrecionales o suprimir el magistrado de designación autonómica. Por otro lado, los presupuestos para este ejercicio recogen un incremento del 3,1% del gasto público en Justicia, lo que permitirá aumentar un 2,5% el capítulo de gastos de personal, se podrán convocar nuevas plazas para 300 jueces y fiscales, invertir 132 millones de euros en transformación digital de la Justicia e incrementar el gasto social en áreas de especial sensibilidad para el ciudadano en un 31%. El presupuesto para nuevas actuaciones en sedes y edificios judiciales se incrementará un 50% para este año.
El ministro ha comprometido la máxima celeridad, que solicitará también a los grupos parlamentarios, para aprobar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De esta manera confía en que podrá entrar en vigor antes de julio de este año 2018.
En materia retributiva, Catalá ha informado de las reuniones mantenidas con el Ministerio de Hacienda para abordar las cuestiones relativas a las retribuciones variables, guardias y grupos de clasificación entre otras. Igualmente se continúa trabajando para la determinación de la pérdida real de poder adquisitivo y su recuperación. Todas estas cuestiones están teniendo una acogida favorable y el Ministerio confía en que puedan ser objeto de un acuerdo de carácter plurianual.
Los aspectos relativos a la implantación de las nuevas tecnologías en los juzgados y fiscalías serán prioritarios tanto en los presupuestos del Ministerio como en el seguimiento cotidiano para garantizar la eficaz puesta en funcionamiento de los sistemas informáticos que faciliten el trabajo de los jueces y fiscales.
En relación con algunos planteamientos específicos de la carrera fiscal, el ministro se ha comprometido al fortalecimiento de la autonomía del Ministerio Fiscal (presupuestaria, normativa, cabecera de BOE,…) así como a la modificación del sistema de plazos para la instrucción (art. 324 LECrim) en una próxima reforma legislativa.
Por parte de las asociaciones han estado presentes en este encuentro el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar; el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega; Antonio Viejo por la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria; la presidenta del Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez; Jesús Alonso por la Asociación de Fiscales; y Emilio Fernández de la Unión Progresista de Fiscales.