El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander que el futuro de la Justicia requiere medidas urgentes como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y la agilización de los procedimientos en el ámbito civil para dar las respuestas que la sociedad necesita.
Catalá, que ha inaugurado el curso Una Justicia de futuro organizado por el Ministerio de Justicia por tercer año consecutivo, ha subrayado que la necesidad de un nuevo marco regulador del proceso penal es una demanda histórica de los profesionales del sector y de las fuerzas políticas. Tras la reforma de la LECrim de 2015, toca ahora revisar de manera integral el proceso penal para otorgar al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación y fijar nuevas reglas que inyecten mayor eficacia, eficiencia y agilidad en la persecución del delito. Una reforma que ha de acometerse en paralelo a la reforma del Estatuto Fiscal, que atienda a las necesidades formativas y operativas del Cuerpo, a su profesionalización y especialización y que refuerce su autonomía en el ejercicio de sus funciones.
En cuanto al procedimiento civil, el objetivo es mejorar la ejecución de las sentencias. El ministro ha indicado que en esta tarea la Oficina Judicial tiene que desempeñar un papel fundamental ya que en aquellos territorios donde está implantada esta organización se resuelve un 73% más que cuando funcionaban bajo el modelo tradicional de juzgados y tribunales. Se trata también de agilizar el régimen de comunicaciones y notificaciones y de analizar otras posibles medidas que perfeccionen el actual proceso civil, reduzcan plazos e introduzcan mejoras técnicas procesales. El ministro ha apostado también por la mediación, no solo en los procedimientos declarativos, sino también en los de ejecución.
Otro de los retos para una Justicia de futuro es seguir trabajando en la línea de la transformación tecnológica con la que está comprometida la Administración Pública en su conjunto. En el ámbito de Justicia el proceso de digitalización es imparable, ha dicho Catalá, que ha llamado la atención sobre los casi 125 millones de comunicaciones electrónicas que han realizado órganos judiciales y operadores jurídicos desde enero de 2016. Con los 139 millones que destinan este año los presupuestos del Ministerio a la modernización tecnológica se duplican los créditos para hacer posible este cambio cultural que permitirá la extensión de Justicia y Fiscalía digital, renovar el parque informático, poner en marcha un nuevo Registro Civil digital y sentar las bases de un sistema de gestión procesal común en todo el territorio en colaboración con las comunidades autónomas.
El reto de la tecnología, ha subrayado el ministro, nos compromete también a avanzar en las respuestas que debe dar la Justicia para defender los derechos y libertades de los ciudadanos en el mundo digital desde la colaboración entre administraciones y países que comparten un espacio común. El Gobierno está trabajando, por ejemplo, en la transposición a nuestro derecho del nuevo marco jurídico europeo en materia de protección de datos personales y de resolución alternativa de litigios en materia de consumo.
Rafael Catalá ha defendido el papel de las leyes en un Estado de Derecho que ha de velar especialmente por quienes más lo necesitan y se ha referido a la necesidad de perfeccionar nuestro modelo de lucha contra la violencia de género y la protección a los menores y a las víctimas del delito. Un paquete de medidas que podría completarse con una Ley Orgánica de Derecho a la Defensa que convertiría a España en un referente mundial en la defensa de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia.
El ministro se ha referido también a la indisoluble relación entre Justicia y Economía en un mundo global de mercados interconectados donde la seguridad jurídica es clave para el progreso. En ese sentido, ha subrayado que gracias a las reformas emprendidas en la X Legislatura España ha recuperado la credibilidad y fiabilidad ante la inversión y ha apostado por un conjunto de iniciativas que ayuden a reforzar esta seguridad jurídica de la que gozamos: mejorar nuestra regulación hipotecaria para garantizar los derechos de los consumidores, revisar el derecho español de obligaciones y contratos, impulsar un nuevo Código de Comercio y redactar un nuevo Texto Refundido de Ley Concursal.
Por último, Catalá ha hecho alusión al debate abierto en la sociedad sobre la independencia de la Justicia y la percepción que de ésta tienen los ciudadanos. El ministro se ha comprometido a buscar los consensos necesarios para plantear entre otras cuestiones, un nuevo modelo de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial y la regulación del tránsito profesional entre la Justicia y la política. Llevar a cabo estas medidas ayudará, ha señalado, a reforzar la independencia de los funcionarios públicos, que ha defendido por su profesionalidad y compromiso con el Estado de Derecho.