El Pleno de Carreño trató la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales de 2026, que regulan tasas, impuestos y precios públicos del concejo.
El Ayuntamiento de Carreño ha abordado en el pleno ordinario el inicio del trámite de las ordenanzas fiscales para 2026. Este documento recoge las normas que regulan los principales impuestos municipales, así como las tasas y precios públicos que abonan los vecinos y vecinas por distintos servicios.
Con este paso, el consistorio pone en marcha un procedimiento que, de momento, no supone la entrada en vigor de ninguna medida, sino la apertura del proceso de consulta y exposición pública. Es decir, tras la aprobación inicial, se publicará el texto y se abrirá un plazo para que cualquier persona, comercio o asociación pueda presentar alegaciones o sugerencias.
¿Qué regulan estas ordenanzas?
Las ordenanzas fiscales incluyen aspectos tan cotidianos como:
- El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), conocido como “la contribución”.
- El Impuesto de Vehículos (IVTM).
- La tasa de basuras o saneamiento, cuando se gestione a nivel municipal.
- Las tasas por ocupación de la vía pública (terrazas, puestos de venta, contenedores, etc.).
- Los precios públicos de servicios deportivos, culturales o educativos.
En definitiva, se trata de las normas que definen cuánto se paga por utilizar un servicio o por cumplir con determinados tributos locales.
¿Qué ocurre ahora?
El acuerdo plenario abre el proceso de información pública. A partir de su publicación oficial, los documentos estarán disponibles para consulta y los vecinos dispondrán de un plazo legal (generalmente 30 días hábiles) para presentar alegaciones o sugerencias.
Una vez concluido ese plazo, el Ayuntamiento deberá resolver las propuestas recibidas y volver a llevar el texto al Pleno para su aprobación definitiva. Sólo entonces entrará en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).
Un proceso con impacto directo
Las ordenanzas fiscales afectan de manera directa a la ciudadanía porque determinan lo que se abona por conceptos tan básicos como el IBI, el impuesto de vehículos o los servicios de instalaciones municipales. Por eso, su aprobación es uno de los momentos clave del calendario político y económico local.
El trámite que se repite cada año y cualquier vecino, comercio o entidad puede participar a través de alegaciones, lo que permite dar voz a la ciudadanía antes de cerrar el texto final.