Neumünster/Madrid, 6 abr (dpa) – El dirigente catalán Carles Puigdemont llamó hoy nuevamente al diálogo con España tras salir de una cárcel alemana bajo fianza a la espera de un fallo judicial sobre su entrega por malversación de fondos en relación con el proceso independentista.
Mientras tanto, la Justicia española estudia acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) después de que una corte del estado federado de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, descartara el jueves entregarlo por el delito de rebelión que se le imputa en España.
«Me gustaría agradecer a todos su ayuda y solidaridad», dijo Puigdemont en un rudimentario alemán en sus primeras palabras a la salida del penal de la ciudad de Neumünster, donde lo esperaban bajo un tibio sol de primavera unos 60 periodistas y una veintena de simpatizantes.
El tribunal regional de Schleswig-Holstein resolvió el jueves dejar en libertad bajo fianza a Puigdemont, detenido el 25 de marzo en ese estado federado del norte de Alemania por una orden de detención europea activada por el Supremo en Madrid, hasta que se decida sobre la entrega del independentista a España.
En otra decisión inesperada y crucial, la corte alemana dejó caer además el cargo de rebelión por el que está procesado Puigdemont, castigado con hasta 30 años de prisión en España, y se limitará a estudiar si lo entrega por malversación, un delito con penas menores de hasta 12 años de cárcel.
Vistiendo un traje gris claro y con un pin de la bandera catalana en la solapa, Puigdemont continuó en inglés agradeciendo los mensajes de apoyo «de todas partes del mundo», así como a los funcionarios de la prisión por su «responsabilidad y respeto» e incluso a los otros reclusos que lo ayudaron a «adaptarse» a la situación.
«Pido la liberación inmediata de todos mis colegas presos en Madrid», añadió en su declaración sin preguntas de la prensa. «Es una vergüenza para Europa tener presos políticos», dijo en un discurso en el que en ningún momento utilizó la palabra independencia.
El ex presidente catalán insistió en defender una democracia con separación de poderes y respeto a los derechos humanos. «Ese tipo de democracia está en riesgo en España», acusó. «Nuestra lucha es también por la democracia, no solo por la autodeterminación, y esa lucha es también relevante para Europa».
Consideró que «el tiempo del diálogo llegó» y exigió al Gobierno de Mariano Rajoy contactos para resolver la crisis. «No hay excusa para que los políticos españoles no empiecen un diálogo para encontrar una solución política a nuestras demandas».
El dirigente catalán ingresó en prisión el 25 de marzo tras ser detenido a pedido de las autoridades españolas cuando intentaba regresar en coche de Finlandia a Bélgica, donde llevaba cinco meses instalado desde que fue destituido a fines de octubre por la escalada de su plan secesionista.
El jueves, el Tribunal Superior del estado de Schleswig-Holstein, donde se encuentra el centro penitenciario, dictaminó la salida de prisión condicionada al pago de una fianza de 75.000 euros (91.750 dólares) y otras medidas cautelares, como la prohibición de salir de Alemania y la fijación de un domicilio en este país.
La poderosa entidad civil independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) recaudó rápidamente el dinero de la fianza y anunció por la noche que ya había hecho la transferencia requerida. La fiscalía ordenó la puesta en libertad de Puigdemont hoy a las 11:14 horas (09:14 GMT), aunque salió de la prisión poco antes de las 14 horas.
El abogado defensor de Puigdemont, el respetado penalista alemán Wolfgang Schomburg, quien acompañó al ex gobernante catalán a la salida de la prisión, se mostró aliviado ante el hecho de que el Tribunal Superior Regional de Schleswig-Holstein desestimase el cargo de rebelión.
«La imputación de rebelión está definitivamente descartada», aseguró el letrado, pero aclaró acto seguido que «la lucha jurídica continúa».
«Estamos seguros de que podremos persuadir al tribunal de que declare también inadmisible el cargo de malversación de fondos públicos. Entonces y no antes culminará el proceso», explicó.
En Madrid, fuentes del Supremo confirmaron a dpa que Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo a cargo de la causa por el proceso independentista en Cataluña, podría plantear una llamada «cuestión prejudicial» al TJUE, máximo intérprete de la legislación del bloque comunitario.
El paso del Supremo podría frenar la tramitación de la orden de detención europea remitida a Alemania hasta que el TJUE resolviera la cuestión planteada, lo que daría margen a la Justicia española a replantear su estrategia, según fuentes citadas en la prensa. También la Fiscalía General del Estado analiza el mismo paso.
Los Gobiernos de Alemania y España, entre tanto, evitaron efectuar pronunciamientos sobre la resolución judicial. El Ejecutivo de Angela Merkel aseguró que el asunto no afectará las relaciones bilaterales al tratarse de un tema «estrictamente jurídico», mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy insistió en que «respeta y acata» las decisiones judiciales.
No hay un plazo determinado para que la Justicia alemana se pronuncie sobre la entrega a España, aunque lo recomendado son 60 días, ampliables a 90 en casos excepcionales.
Por María Laura Aráoz y Pablo Sanguinetti (dpa)