La Consejería de Hacienda y Sector Público ha sido esta tarde la encargada de cerrar la ronda de comparecencias de presentación, en la Junta General del Principado, de los presupuestos del Gobierno asturiano para el próximo año. El departamento que dirige Dolores Carcedo contará para 2018 con una dotación de 71.710.649 euros. Carcedo aseguró que las cuentas de la consejería pivotarán sobre cinco prioridades: avances en la recuperación de los derechos de los empleados públicos; nuevas convocatorias de empleo público y apuesta por la formación; refuerzo de los órganos de control; más apoyo a los ayuntamientos pequeños, y mayor inversión en edificios públicos.
En lo que se refiere a los empleados públicos, la consejera afirmó que se siguen dando pasos para la recuperación de derechos que tienen reflejo, por ejemplo, en la reserva del incremento salarial del 1,75% para todos los empleados públicos. Esta subida también alcanza a los trabajadores de la Universidad de Oviedo y al personal de la educación concertada.
Carcedo también explicó que el presupuesto contempla la consignación para el segundo tramo de la carrera profesional, así como la propia carrera profesional y la evaluación docente para el personal interino.
Con respecto al segundo eje, que tiene que ver con las nuevas convocatorias de empleo público y los recursos para formación, la consejera de Hacienda expuso que – tras las debidas negociaciones con los sindicatos – está previsto aprobar esta semana una Oferta de Empleo Público (OEP) que alcanzará las 4.491 plazas. El Principado aprovecha de esta manera las posibilidades que permite la legislación vigente, tanto en lo que se refiere a la tasa de reposición – que será del 100% en sanidad, educación y determinados sectores de la Administración – como a la de estabilización. De las 4.491 plazas, 767 serán para la Administración general, 2.416 para sanidad y 1.308 para educación.
Está previsto que el Instituto Asturiano de Administración Pública (IAAP) Adolfo Posada, convoque al menos 30 de los 42 procesos selectivos correspondientes a las plazas de la Administración General. En lo que tiene que ver con el plan de formación del IAAP, se prevé una optimización de los recursos, fomentado la colaboración entre los empleados públicos y la cooperación con otras instituciones.
Refuerzo de los órganos de control
Carcedo se refirió a otra de las prioridades de los presupuesto de su departamento, y que tiene relación con el refuerzo de los órganos de control. Así, la consejera indicó que se crearán para este fin 10 nuevas plazas: cinco en Intervención General y otras tantas en la Inspección General de Servicios.
En lo que se refiere a la Intervención, la estructura se amplía para impulsar las funciones de análisis, normalización y coordinación de criterios jurídicos en el control de legalidad, reforzar la funciones de control financiero permanente en los servicios centrales del Sespa y de auditoría en el sector público con contabilidad privada y, también, para fortalecer las funciones de supervisión y análisis de la contabilidad en términos del Sistema Europeo de Cuentas y el seguimiento y control de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por su parte, la Inspección General de Servicios contará con cuatro nuevos inspectores y 1 subinspector, lo que permitirá reforzar este órgano y garantizar la prestación de unos mejores servicios públicos.
Apoyo a los ayuntamientos
El apoyo a los ayuntamientos se mantiene como una de las prioridades de la consejería de Hacienda, con un incremento notable en el presupuesto. Así, el Fondo de Cooperación Municipal crece hasta los 6,8 millones, un 10% más, para prestar apoyo a los 73 concejos de menos de 40.000 habitantes. El Programa de Obras y Servicios también aumenta, hasta los 3,37 millones.
El presupuesto para la mejora de edificios públicos prosigue con el crecimiento del último año, hasta el punto de que aumenta más de un millón de euros, hasta los 4,6 millones. Entre las actuaciones previstas, en 2018 finalizarán las obras de adecuación de los antiguos juzgados de Poniente, en Gijón, que abrirá sus puertas reconvertido en el Edificio de Servicios Administrativos del Principado. Para el próximo año cuenta con una partida de 1,3 millones, la última anualidad de una inversión total de 2,8 millones.
También continuará la reforma de la sede de la consejería de Educación y se seguirá invirtiendo en las sedes judiciales. A este respecto, se procederá a la nueva licitación del juzgado de Valdés – por un importe de 1,6 millones -, tras haber quedado desierta la adjudicación, se adecuará un nuevo juzgado en el Palacio de Justicia de Gijón y está previsto que se inicien las actuaciones en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y la obra del nuevo juzgado de Langreo.
Ejecución presupuestaria
La consejera también ha expuesto los datos de ejecución presupuestaria de las cuentas de la Administración del Principado. Con respecto a 2016, el capítulo de ingresos alcanzó el 99,1% y el de gastos llegó al 96,7%.
En cuanto a 2017, a fecha 30 de noviembre, en el capítulo de gastos el porcentaje de ejecución es del 77,2% y en el de ingresos del 84,6%.