La Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar se elaboró en 2015. «El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social está realizando una evaluación intermedia para rediseñar aquello que sea necesario», ha explicado la ministra, que ha anunciado que los resultados estarán listos «a finales de año».
La Estrategia cuenta con 5 objetivos relacionados con: la prevención del sinhogarismo o con la sensibilización de la sociedad y defensa contra la discriminación y los delitos de odio dirigidos a las personas sin hogar.
Los tres restantes se refieren a garantizar la seguridad de vida de las personas sin hogar; restaurar el proyecto de vida, que ha de estar presente en todo el proceso de intervención social; y reforzar el sistema público de atención a las personas sin hogar y mejorar el conocimiento, el intercambio de información y la evaluación.
El modelo finlandés
Carcedo ha recordado que, mientras en la amplia mayoría de países europeos el sinhogarismo crece, Finlandia ha conseguido reducir la exclusión residencial a valores prácticamente anecdóticos. Las estrategias empleadas en conseguirlo han sido crear una oferta suficiente de vivienda social y aplicar la metodología Housing First.
España está adherida al proyecto europeo Housing First Europe Hub, una red informal en la que participan entidades públicas y privadas, de diversos países europeos, cuyo objetivo es fomentar la implantación y desarrollo de Housing First en Europa como vía de intervención en el ámbito del sinhogarismo.
La ministra ha destacado que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social llevó a cabo varios programas en 2018 relacionados con la metodología Housing First. Entre otros, se fomentó la cooperación técnica interterritorial y transnacional para su desarrollo en España.
Coordinación interministerial
Por otra parte, la ministra ha insistido en el esfuerzo realizado por el Gobierno para mejorar la coordinación entre los ministerios competentes en materia de vivienda y política social. Un ejemplo es el Real Decreto-ley 7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, convalidado el pasado 3 de abril en el Congreso. Incorpora una modificación en los procedimientos de desahucio, por la que se establece de forma obligatoria la participación de los Servicios Sociales en dichos procesos.
En particular, se introduce la obligatoriedad de comunicar a los servicios sociales la existencia del procedimiento de desahucio. En el caso de que estos confirmen que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o económica, se establece la suspensión de un mes del desahucio hasta que se adopten las medidas que los Servicios Sociales estimen oportunas.
De esta forma «se da cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas», ha insistido la ninistra.
Finalmente, Carcedo ha destacado la recientemente aprobada Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, en particular la infantil. Uno de sus objetivos principales es que las personas puedan hacer frente al coste de la vivienda sin que este condicione su vida y la satisfacción de sus necesidades más básicas. «No podemos ignorar que el principal reto en esta materia es la falta de vivienda asequible en las grandes ciudades europeas», ha destacado.