La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha encabezado la delegación española que se ha sometido, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), a la evaluación del grado de aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se adoptó en 2008.
En su intervención, Carcedo ha destacado que España «es un referente en materia de discapacidad». La ministra ha relatado que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza los derechos de cerca de cuatro millones de ciudadanas y ciudadanos en España y ha puesto de relieve el compromiso con su cumplimiento.
La delegación española ha presentado las mejoras aplicadas desde la evaluación a la que se sometió en 2011, siguiendo las recomendaciones que entonces hizo el Comité. Tal y como ha recordado María Luisa Carcedo, «el ordenamiento jurídico, el músculo de un tejido social bien estructurado y la actitud de una ciudadanía cada vez más sensibilizada fueron las mejores garantías para obtener el premio Franklin D. Roosevelt, avalado por la ONU y considerado el más alto reconocimiento que un país puede recibir por sus políticas en materia de discapacidad».
La delegación española está compuesta por nueve Ministerios: Presidencia; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Exteriores, UE y Cooperación; Justicia; Educación y FP; Interior; Fomento; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y Política Territorial y Función Pública. También participan la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Además, en nombre de todas las comunidades autónomas, ha acudido un representante de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León.
En su intervención, la ministra ha expuesto algunos de los hitos más relevantes, desarrollados a raíz de las 21 recomendaciones que el Comité remitió a España en 2011. Entre ellos se encuentra la reciente reforma de la Ley Electoral, que garantiza el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad, permitirá que en las próximas elecciones 100.000 personas puedan votar por primera vez.
También ha aludido a la reforma en curso del artículo 49 de la Constitución. El pasado 7 de diciembre se presentó el Anteproyecto de reforma para actualizar su contenido, tanto desde el punto de vista del lenguaje, como de su estructura y contenido. Por una parte, sustituye la palabra «disminuidos» por «personas con discapacidad». También abandona la concepción médico-rehabilitadora y asistencial por el enfoque «convencionalista», basado en el reconocimiento de los derechos y deberes de las personas con discapacidad.
Otras de las cuestiones planteadas ha sido la aprobación del Anteproyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. Ello sienta las bases para el cambio del sistema vigente orientado al apoyo a la persona que pueda tener alguna dificultad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Abarca desde el acompañamiento amistoso a la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, e incluso la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad.
Por otra parte, la delegación española ha expuesto que las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.
Además, se ha presentado el proyecto de una nueva Ley Orgánica de Educación que impulsa el principio de educación inclusiva a lo largo de todo el articulado. Establece que, el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años -y siguiendo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030-, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.
Las mejoras para favorecer la accesibilidad universal han sido otra de las políticas destacadas por España. «Nos preocupa la escasez de edificios que cuenten con las medidas adecuadas para el acceso físico a la vivienda. Tan solo el 0,6% de los 10 millones de inmuebles cuentan con medidas adecuadas», ha reconocido María Luisa Carcedo.
Entre las cuestiones a las que ha aludido la ministra, figura también la introducción en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud de 48 nuevas prestaciones ortoprotésicas, entre ellas sillas de ruedas más ligeras y flexibles, férulas, corsés y los elementos externos del implante coclear, entre otros.
La ministra también ha explicado que se ha una constituido un grupo de expertos para estudiar la supresión de la esterilización acordada judicialmente sin el consentimiento pleno y otorgado con conocimiento de causa, de la persona, tal y como instó el Comité en 2011. España ya aprobó en 2015 una modificación del Código Penal donde la esterilización acordada por órgano judicial se circunscribe a supuestos excepcionales en los que se produzca un grave conflicto entre bienes jurídicos protegidos.
Otra de las recomendaciones que hizo el Comité en 2011 y sobre las que se está trabajando es la «revisión de sus disposiciones legislativas que autorizan la privación de la libertad por motivos de discapacidad, incluidas las discapacidades mentales, psicológicas o intelectuales». «El internamiento involuntario será configurado como una medida extraordinaria y excepcional orientada a responder a situaciones graves y urgentes en las que resulten insuficientes otros mecanismos de protección alternativos menos restrictivos», ha destacado la ministra.
Por último, Carcedo ha recordado que España ha declarado oficialmente el día 3 de mayo como Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ese día, de 2008, España puso en marcha la aplicación de la Convención. Los principios y los derechos que este texto reconoce, suponen un cambio en el concepto de discapacidad basado en los de derechos de estas personas.