La consejera de Hacienda y Sector Público del Principado, Dolores Carcedo, ha afirmado este miércoles que no serán necesarios créditos extraordinarios ni suplementos para afrontar la situación de prórroga presupuestaria en 2016.
En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, la titular asturiana de Hacienda estimó suficientes los ingresos ordinarios de los que dispondrá la administración, haciendo hincapié en que la demanda de gasto se reparte a lo largo del año y que a mediados del ejercicio, sobre los meses de junio y julio, se conocerá la liquidación del sistema de financiación autonómica, con lo que confía en que se puedan cubrir las necesidades sin recurrir a créditos extraordinarios.
Además, durante su comparecencia junto a los consejeros de Presidencia y de Servicios y Derechos Sociales, Guillermo Martínez y Pilar Varela, respectivamente, la responsable de Hacienda ha respondido a la demanda de Podemos de realizar una auditoría de la deuda que el programa de fiscalización de la Sindicatura del Principado de Asturias para 2016 ya la contempla.
Igualmente, Carcedo ha reiterado que Asturias es una de las comunidades menos endeudadas, tanto en relación con el PIB (quinta posición) como por habitante (tercera), siendo la cifra total de 3.876 millones de euros, según datos del Banco de España.
«El análisis no se puede hacer limitándose a mirar un cuadro, hay que saber qué recogen los datos», ha remarcado, apuntando a la incorporación al cómputo de 173,8 millones de deuda relativa a Sedes, Vipasa y la AS-II y que «no es nueva».
Así, ha destacado que el Principado se ha endeudado «en los límites autorizados, que son restrictivos», defendiendo que se trata de un «instrumento anticíclico en un momento en que los ciudadanos necesitan que las administraciones sigan poniendo en marcha políticas». «Cuando se habla de déficit se habla de endeudamiento, el déficit es deuda», ha añadido, asegurando que la amortización de la deuda no retrae recursos de las políticas públicas.
Igualmente, Carcedo explicó que Asturias ya inició la renegociación de la deuda en 2015, con un ahorro de unos 6 millones de euros para este ejercicio. Una línea de actuación que seguirá realizando «cuando las condiciones del mercado lo aconsejen» para obtener las «condiciones financieras más ventajosas».
MEDIDAS FINANCIERAS, PRESUPUESTARIAS Y RETRIBUTIVAS
En la rueda de prensa, la consejera ha presentado los dos proyectos de ley aprobados por el Consejo de Gobierno: el de medidas financieras y de gestión presupuestaria y de creación de las tarifas por expedición de licencias interautonómicas de caza y pesca, y el de medidas retributivas.
Según comentó, ambos textos recogen una serie de iniciativas que estaban previstas en el proyecto de presupuestos para 2016 y que precisan rango de ley para ser efectivas este año.
En cuanto al proyecto de ley de medidas retributivas, ha explicado que aborda la subida del sueldo de los empleados públicos en un 1% a partir del 1 de enero de 2016 y recoge la congelación del segundo tramo de la carrera profesional. Una medida que, según el Principado, tendrá «carácter transitorio y que se toma como consecuencia de las limitaciones económicas y de la necesidad de dar prioridad a la prestación de los servicios públicos».
Asimismo, Carcedo ha afirmado que para esta subida salarial no será necesaria ampliación de la prórroga sino que se realiza con una modificación presupuestaria, con menor gasto en intereses de la deuda.
Respecto a la posibilidad de recuperar la jornada de 35 horas para los empleados públicos, la consejera ha señalado que el marco legal existente «no lo permite» por el momento.
La consejera también ha informado sobre el proyecto de ley de medidas financieras y de gestión presupuestaria y de creación de las tarifas por expedición de licencias interautonómicas de caza y pesca incluye dos medidas de carácter social.
Por un lado, se exime del reintegro de las ayudas a la vivienda a aquellas personas que tuvieron que entregar su casa como dación en pago en procesos de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial. Por otro, se extienden las ayudas sociales a aquellos pacientes que sufren hemofilia u otras coagulopatías congénitas y desarrollaron hepatitis C tras recibir determinados tratamientos en el sistema sanitario público y no pudieron beneficiarse de las ayudas el año pasado por no cumplir con el requisito de tener residencia en Asturias a 1 de enero de 2015.
El texto también incorpora, además, medidas de apoyo a los ayuntamientos, como la modificación con carácter permanente del Fondo de Cooperación Municipal (FCM) para convertirlo en un verdadero fondo incondicionado que pueda ser destinado por decisión municipal tanto a gasto corriente como a inversión.
Igualmente, se modifica la regulación de la Caja de Crédito de Cooperación Local para fijar nuevos tipos de interés para los préstamos, adaptándolos a la realidad del mercado y por debajo de los tipos de prudencia financiera, con el fin de que los ayuntamientos obtengan una financiación adecuada y en condiciones más ventajosas.
Las medidas financieras consisten, por un lado, en ampliar, como es habitual en las leyes de presupuestos, el límite de endeudamiento a corto plazo hasta el 15% del presupuesto de la Administración del Principado, para cubrir desfases transitorios de tesorería que se generan porque los cobros y los pagos no se producen al mismo tiempo.
«Este instrumento financiero permite agilizar los pagos a los ciudadanos, sobre todo los de naturaleza social, y dar cumplimiento al periodo medio de pago a proveedores que fija la normativa de morosidad», asegura el Ejecutivo. La otra medida financiera consiste en autorizar la concesión de segundos avales para aquellos proyectos empresariales que, siendo viables, requieren por su dimensión de un apoyo adicional al que ya presta Asturgar.
Finalmente, este primer proyecto de ley pretende implantar en Asturias las licencias interautonómicas de caza y pesca continental que tendrán validez en la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Madrid y Castilla y León. Para ello, se crean dos tarifas dentro de las tasas de caza y pesca continental con el mismo precio en todas estas comunidades autónomas y cuyo objetivo es que los ciudadanos no tengan que repetir los mismos trámites y gestiones administrativas en cada una de ellas.