Asturias ha suscrito hoy junto con Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Navarra y País Vasco la Carta de Zaragoza, un documento para promover la participación ciudadana en el ámbito autonómico.
La directora general de Participación Ciudadana, Melania Álvarez, ha firmado el texto en representación del Gobierno del Principado, durante el I Encuentro de Comunidades Autónomas para la Promoción de la Participación Ciudadana que se celebra en Zaragoza.
Las comunidades firmantes se comprometen a aumentar la transparencia de la actividad pública, propiciando la rendición de cuentas y promoviendo la implicación de la ciudadanía. También apuestan por aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para el fomento de la participación, así como por evaluar la difusión e impacto de estas políticas en los diferentes territorios.
Uno de los objetivos incluidos en la carta es la consolidación de una Red Autonómica de Participación Ciudadana que sirva para compartir experiencias. Los gobiernos se comprometen también a informar públicamente sobre las medidas tomadas para hacer realidad estos principios, así como a actualizarlos en función de los nuevos desafíos y oportunidades.
Apuesta por la transparencia
La política de transparencia y rendición de cuentas es precisamente una de las grandes apuestas del Gobierno de Asturias. Hace unas semanas se inició el periodo de consultas y participación con entidades, organizaciones y la ciudadanía para recabar sugerencias y aportaciones al anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno que promueve la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
El anteproyecto autonómico amplía y desarrolla la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, al ser más ambicioso en cuanto a los datos que se pondrán a disposición de la ciudadanía, en los sujetos que se someterán a la normativa y en el establecimiento de mecanismos y controles más estrictos contra la corrupción.
La regulación incidirá sobre cinco ámbitos de actuación:
– Transparencia en la actividad pública.
– Buen gobierno.
– Publicidad activa.
– Ejercicio del derecho a la información.
– Reutilización de la ciudadanía del citado derecho.
El texto incorpora, asimismo, un régimen sancionador para altos cargos que incumplan la ley en materia de transparencia informativa.
En relación con el apartado de publicidad activa, el anteproyecto incluye 10 bloques informativos frente a los tres de la norma estatal. Son los siguientes: información institucional y organizativa, información sobre altos cargos y asimilados, información sobre planificación y evolución, información de relevancia jurídica, información sobre procedimientos administrativos y calidad de los servicios, información de la actividad administrativa con incidencia económica, información sobre contratos, información sobre actividad pública, información económica, presupuestaria y patrimonial e información de carácter general.
En materia de buen gobierno, el texto plantea un código ético que deberán firmar los altos cargos antes de asumir una responsabilidad y que les obligará, durante los dos años siguientes a su cese, a informar a la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno sobre su actividad privada. Asimismo, se realizará un informe de su situación patrimonial al finalizar su mandato.